San José, 4 ago.- Opositores nicaragüenses en el exilio reclamaron este martes a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que aumenten la presión sobre el Gobierno de Nicaragua para garantizar elecciones libres en el país
El pedido llegó en la antesala de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, convocada para una reunión de consulta de cancilleres sobre la situación nicaragüense, luego de que Daniel Ortega afirmara que no habrá más elecciones en su país
La crisis vuelve a la agenda regional
La abogada constitucionalista exiliada Azahálea Solís sostuvo que los ministros de Relaciones Exteriores volverán a discutir una crisis de Nicaragua por primera vez desde 1978, en la etapa previa a la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1979
Solís pidió no generar expectativas desmedidas sobre lo que pueda salir de la reunión, aunque valoró que Nicaragua vuelva a ocupar un lugar visible en la agenda pública internacional
También señaló que los opositores buscarán impulsar el tema ante gobiernos y sociedades de América Latina, al considerar que el caso nicaragüense puede anticipar riesgos para otros países de la región
Una reforma que endurece el control
El abogado exiliado Juan Diego Barberena afirmó que la OEA, por sí sola, no puede frenar la intención de Ortega de excluir a opositores y críticos de futuros comicios, como plantea una reforma constitucional presentada la semana pasada por la Asamblea Legislativa
Según explicó, si de la reunión surgen acciones diplomáticas, unilaterales, económicas y políticas de los Estados, podría generarse una presión suficiente para detener lo que describió como un ataque contra la voluntad popular
La propuesta legislativa plantea extender de seis a siete años el mandato de la copresidencia y permitir su renovación. Además, eleva a rango constitucional restricciones para impedir la participación política de personas consideradas por el régimen como golpistas o traidoras a la patria, con el argumento de prevenir la injerencia externa y evitar que el golpismo llegue al poder
Barberena interpretó que detrás de esas medidas hay temor a un proceso electoral y a una eventual movilización ciudadana. A su juicio, el proyecto busca pasar de una dinastía familiar a una monarquía familiar absolutista