La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que establece cómo funciona la entidad, qué objetivos persigue, qué atribuciones tiene, cómo se organiza su directorio y hasta dónde llega su poder de decisión. En términos simples, es la norma que ordena la vida institucional del BCRA

Una reforma en marcha

Tras casi 15 años sin cambios, el Gobierno puso en marcha una revisión de esa ley. Según lo previsto, el propio Presidente lo anunciará mañana en cadena nacional

No sería la primera vez que se intenta modificar esta norma. Desde su creación en 1935, la Carta Orgánica ya tuvo siete cambios y reflejó, a lo largo del tiempo, los distintos giros económicos e ideológicos del país

Las reformas que marcaron su historia

El diseño original surgió en 1935, con fuerte influencia de Raúl Prebisch, en un esquema mixto en el que el Estado compartía el control del directorio con bancos privados nacionales y extranjeros

La primera gran transformación llegó en 1946, cuando se dispuso la nacionalización total de la entidad. Tres años después, en 1949, volvió a reformarse y el Banco Central pasó a depender del Ministerio de Finanzas, con el objetivo de coordinar su accionar con los planes del Gobierno. En 1957 recuperó mayor autonomía

Más adelante, durante la dictadura militar, se impulsó una liberalización comercial y financiera, especialmente en las tasas de interés y en los movimientos de capitales con el exterior. En 1992, la Carta Orgánica volvió a cambiar para acompañar la política de convertibilidad y la paridad entre el peso y el dólar

El giro de 2012 y el foco actual

El último cambio fue en 2012, bajo el kirchnerismo y con Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo. Esa reforma reemplazó el mandato único de preservar el valor de la moneda por objetivos múltiples, entre ellos el empleo, el desarrollo económico y la equidad social. También amplió los márgenes para que el BCRA financie al Tesoro

Ahora, el Gobierno busca revertir esas facultades y limitar al máximo la emisión monetaria para asistir al Estado. Milei ya había planteado en 2024 que la emisión debía ser penalizada y que quienes la autoricen deberían enfrentar consecuencias judiciales

Con esa hoja de ruta, la Casa Rosada prepara una nueva etapa en la discusión sobre el rol del Banco Central y el alcance de su autonomía