La libertad de expresión sigue bajo presión en Honduras. Durante 2026, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha registrado alrededor de 60 alertas por amenazas y otras formas de intimidación contra periodistas, en algunos casos también contra sus familiares

Saúl Bueso, abogado y miembro de la organización, señaló que la cifra no debe leerse solo como un dato, sino como una señal de la situación que enfrentan quienes trabajan en medios de comunicación en distintas zonas del país

Una cifra que refleja miedo

Bueso explicó que cada alerta representa a periodistas y familias que han vivido algún nivel de temor por acciones dirigidas a limitar su labor. “En este año ya llevamos alrededor de más de 60 alertas”, afirmó

Para C-Libre, el panorama resulta preocupante porque año tras año se repiten decenas de casos relacionados con agresiones, amenazas o intimidaciones. La organización considera que superar las 40 alertas de forma recurrente debería encender las alarmas dentro y fuera del país

Monitoreo permanente

C-Libre mantiene un seguimiento constante de hechos que puedan afectar el derecho a informar y expresarse libremente. Con base en ese monitoreo, documenta los casos y los incorpora a sus informes sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras

Según Bueso, las amenazas provienen tanto de personas anónimas como de grupos de poder. Eso puede obligar a periodistas a cambiar rutinas, limitar investigaciones o incluso dejar de cubrir determinados temas

La preocupación no alcanza solo a quienes reciben la amenaza directamente. También involucra a sus familias, que pueden quedar expuestas cuando la intimidación trasciende el ámbito laboral

Informe próximo y exigencia de justicia

Como parte de su trabajo, C-Libre presentará el próximo 19 de agosto su informe sobre libertad de expresión correspondiente a 2025. El documento recogerá los principales hechos del período y permitirá conocer con más detalle lo que enfrentaron periodistas, comunicadores y defensores de derechos

Bueso indicó que estos reportes buscan dejar constancia de lo ocurrido cada año y evaluar la respuesta de las instituciones del Estado frente a denuncias y alertas

La organización insiste en que las autoridades encargadas de investigar y aplicar justicia deben actuar con mayor firmeza ante los ataques contra periodistas y defensores. También plantea que las medidas de protección deben considerar no solo al comunicador, sino el entorno completo de cada caso, incluidas sus posibles afectaciones familiares