Más de 20 estados y Washington D.C. presentaron una demanda para frenar una norma que permitiría al gobierno federal acceder y compartir datos personales de millones de personas que reciben ayuda económica para familias de bajos ingresos
La presentación judicial apunta al programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF), que reparte más de 16.000 millones de dólares a estados, gobiernos tribales y al Distrito de Columbia. Ese dinero se usa con amplio margen para asistencia en efectivo, capacitación laboral y otros apoyos
El foco de la disputa
Según la demanda, la regla en cuestión habilitaría el intercambio de información sobre estatus migratorio, números de Seguro Social y otros datos sensibles con distintas áreas del gobierno e incluso con entidades privadas
Los demandantes sostienen que esa iniciativa pone en riesgo a familias vulnerables y convierte programas contra la pobreza en herramientas de control. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la administración intenta volver esos programas contra las personas a las que deben ayudar
Un nuevo capítulo en la pulseada
El caso se suma a otros choques recientes entre varios estados y la Casa Blanca por el uso de fondos sociales. Este año, un juez ya había impedido que el gobierno retuviera recursos de TANF y de otros programas de subsidios a un grupo de estados gobernados por demócratas
En ese momento, la administración federal había argumentado que existían motivos para creer que algunos estados estaban otorgando beneficios a personas sin estatus legal. Más tarde, un abogado del gobierno sostuvo que la medida respondía en buena parte a reportes periodísticos sobre posibles fraudes
Quiénes se sumaron
Además de Nueva York y Washington D.C., se unieron a la acción judicial Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin
También firmaron la demanda los gobernadores de Kentucky y Pensilvania
La agencia federal que administra el programa evitó hacer comentarios sobre el caso