La discusión por quién debe investigar la presunta mansión de Pilar sumó un nuevo capítulo y volvió a dejar en el centro a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, dirigentes de la AFA. La controversia gira en torno a la competencia judicial: si el caso debe quedar en el fuero federal o seguir en otra jurisdicción

La disputa por el fuero

Entre las constancias ya incorporadas al expediente aparece un dato clave: la escritura de la compraventa de la propiedad se firmó en la Capital Federal. También allí habrían ocurrido los movimientos bancarios vinculados a la operación y el recorrido del dinero

Ese elemento alimenta el planteo de que el caso debería tramitar ante la justicia federal de la Ciudad, donde históricamente se investigan los delitos de lavado de activos cometidos en ese territorio

La causa pasó por distintos jueces y tribunales. Primero intervino Daniel Rafecas, que ordenó el allanamiento inicial. Después, la Cámara de Casación resolvió derivar el expediente al fuero Penal Económico y más tarde volvió a moverlo a la justicia federal

Una propiedad y muchas señales

El allanamiento a la casa de Pilar dejó hallazgos llamativos: un bolso de la AFA, una plaqueta de Barracas Central y 54 autos de lujo y colección. La propiedad figura a nombre de un monotributista y de su madre jubilada, señalados como posibles testaferros

La investigación intenta determinar si detrás de esa estructura hubo lavado de dinero. Según el expediente, la operación inmobiliaria y el circuito financiero habrían sido usados para ocultar el origen de fondos presuntamente ilícitos

Más causas en paralelo

Tapia y Toviggino enfrentan otras investigaciones por defraudación, desvío de fondos, retención indebida de aportes y lavado de dinero. En uno de esos expedientes, el monto en discusión por aportes previsionales ronda los 20.000 millones de pesos y ambos están procesados

Además, una denuncia reciente pidió investigar un supuesto esquema de lavado de activos con fondos que habrían salido del exterior, pasado por financieras del microcentro porteño y terminado en la sede de la AFA o en un departamento de uno de sus dirigentes

Ese nuevo planteo quedó en manos de la jueza María Servini, que deberá decidir si continúa con la pesquisa o si la remite al juez ya designado en la causa principal

Recusaciones, apoyos y resistencia institucional

La causa también quedó atravesada por recusaciones y cambios de criterio. Uno de los magistrados fue cuestionado por haber presidido una comisión de ética vinculada a la AFA, aunque esa objeción fue rechazada

El fiscal general de Casación, Mario Villar, ya adelantó que apelará la última decisión sobre competencia. Si esa vía se cerrara, aún podría acudir a la Corte Suprema

En paralelo, la justicia debe resolver otras denuncias contra la AFA por unos 42 millones de dólares. A eso se suma el impacto político de la sanción de la FIFA por la exhibición de una bandera con una consigna vinculada a Malvinas en un partido de la selección

Con expedientes que se multiplican y tribunales que se reparten las causas, el futuro judicial de Tapia y Toviggino sigue atado a una disputa de fondo: quién debe juzgar, y con qué alcance, el entramado que rodea a la casa de Pilar y a la conducción de la AFA