Río de Janeiro, 13 ago. Brasil cerró 2025 con al menos 258 indígenas asesinados, una cifra 22,3 % mayor que la de 2024, en un contexto de agravamiento de la violencia contra los pueblos originarios y de presión sobre sus territorios

El dato forma parte del informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil en 2025, elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una pastoral de la Iglesia Católica. El documento también registra 210 invasiones o episodios de explotación ilegal de recursos en tierras indígenas, con impacto en 151 reservas

La disputa por la tierra sigue en el centro

El estudio contabiliza 169 conflictos territoriales en 143 tierras indígenas. En la mayoría de los casos, el 66 %, los hechos ocurrieron en áreas que todavía no fueron delimitadas de manera formal por el Estado ni homologadas como reservas

Para el CIMI, esa demora abre espacio para proyectos de infraestructura y de explotación económica que avanzan sin considerar la presencia indígena. El informe menciona que, en distintas regiones, comunidades que intentan recuperar parte de sus territorios enfrentan reacciones violentas y desproporcionadas por parte de hacendados armados

De las 1.443 áreas consideradas tierras indígenas en Brasil, 436 están oficialmente delimitadas y registradas como reservas, lo que equivale al 30,2 %. Otras 131 están en proceso de legalización, mientras que 582 siguen reclamadas por pueblos originarios sin reconocimiento estatal

Más casos de agresión y discriminación

Además de los asesinatos, el informe reportó 38 intentos de homicidio, 33 agresiones físicas, en su mayoría vinculadas a disputas por la tierra, y 46 episodios de racismo y discriminación

También se documentaron 19 casos de abuso de poder, entre ellos el arresto arbitrario de un líder pataxó en Bahía durante un conflicto, 18 amenazas de muerte, 27 amenazas de otro tipo y 25 episodios de violencia sexual. Entre estos últimos, 20 afectaron a niñas menores de 14 años

El organismo sostiene que el aumento de los ataques está ligado a medidas legislativas y decisiones judiciales contrarias a los derechos constitucionales de los pueblos originarios. Entre ellas menciona la Ley del Marco Temporal, que restringe los reclamos sobre tierras de las que las comunidades fueron expulsadas y que no ocupaban al promulgarse la Constitución de 1988, una norma que fue suspendida de forma provisional por la Corte Suprema

El presidente del CIMI, el cardenal Leonardo Ulrich Steiner, afirmó que la violencia contra los pueblos originarios es estructural y responde a intereses económicos que ven la tierra como un activo y a los indígenas como un obstáculo