Santiago de Chile, 23 ago
La reforma constitucional impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, para combatir al crimen organizado encendió alertas en amplios sectores políticos y entre especialistas, que advierten sobre un posible retroceso en libertades y un riesgo para la democracia
Facultades excepcionales bajo la lupa
El texto permitiría declarar de forma discrecional un estado de excepción por ocho meses y limitar la libre circulación, el derecho de reunión y asociación, además de intervenir comunicaciones por cualquier medio, sin consulta previa al Congreso
Para el constitucionalista Javier Couso, la iniciativa no es necesaria para enfrentar el crimen organizado ni el terrorismo, porque la Constitución vigente ya permitiría avanzar en esa agenda de seguridad
Desde la Universidad de Santiago, el experto en seguridad Jorge Araya consideró que se trata de medidas abusivas y recordó que ni siquiera durante la crisis social de 2019 se recurrió a un estado de sitio
Seguridad, presión institucional y riesgos democráticos
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la propuesta y dijo que busca intervenir zonas donde operan grupos terroristas o redes criminales, donde el Estado necesitaría facultades extraordinarias
El gobierno sostiene que la seguridad es una prioridad y la reforma forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que incluye ocho cambios constitucionales, 19 proyectos en trámite y otra decena de iniciativas
Los especialistas consultados sostienen que se trata de una propuesta sin precedentes desde el retorno a la democracia. Diego Pardo advirtió que concentra poder en el Ejecutivo sin los contrapesos adecuados y calificó como especialmente delicada la posibilidad de interceptar comunicaciones sin orden judicial
Francisco Zúñiga, de la Universidad de Chile, definió la iniciativa como un caso de populismo constitucional, al presentarse como una solución total al problema de la seguridad
La reforma comenzará a discutirse a inicios de septiembre en el Congreso, donde ya genera posiciones divididas incluso dentro del oficialismo y entre sectores de derecha, por lo que podría recibir ajustes