La Argentina creó en 2006, con la Ley 26.093, una industria de biocombustibles que transformó materias primas del campo, generó empleo y dinamizó la economía de los productores rurales. Ahora, el desafío planteado es consolidar ese desarrollo mediante una nueva legislación

La propuesta sostiene que el país debería coordinar su política de biocombustibles con el Mercosur. Brasil mezcla 30% de etanol en la nafta y 15% de biodiésel en el gasoil. Además, su Ley del Combustible del Futuro establece aumentos anuales hasta alcanzar un 20% de biodiésel en 2030. Paraguay también avanza en esa dirección

Una red industrial ligada al campo

El planteo destaca que el uso de biodiésel no solo permitiría reducir importaciones de gasoil, sino también ampliar el mercado interno para la soja. En la Argentina funcionan 25 elaboradoras no integradas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe

Esas empresas abastecen cerca del 65% del corte obligatorio y compran aceite a unas 400 extrusoras, que a su vez reciben materia prima de miles de productores. Muchas plantas están ubicadas en localidades donde no existía actividad industrial, como Nogoyá, en Entre Ríos

Exportaciones en retroceso

El artículo también señala que las restricciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea dejaron ociosas plantas de la región de Rosario. Según el planteo, el biodiésel argentino pasó de exportar 1,6 millones de toneladas en su mejor momento a unas 400.000 toneladas en la actualidad

La propuesta sostiene que la nueva ley debería recuperar actividad en esas plantas, agregar valor al aceite de soja y contemplar a todos los actores. También cuestiona la postura atribuida al Gobierno de no elevar el corte de biodiésel por encima del 10%, porque podría trasladar el abastecimiento desde las empresas no integradas hacia las integradas

Los cuatro criterios propuestos

  1. Elevar el corte de biodiésel al 15%, en línea con Brasil y el Mercosur.
  2. Garantizar un segmento para las plantas no integradas que actualmente abastecen el corte obligatorio.
  3. Reservar otro segmento para las plantas integradas.
  4. Establecer un horizonte de crecimiento e industrialización de las zonas rurales.

El texto afirma que las empresas no integradas sostienen unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Su eventual cierre, advierte, afectaría a las familias, el arraigo y el empleo en localidades donde esas plantas son algunos de los principales empleadores

La conclusión es que una nueva regulación debería aprovechar la capacidad existente del campo, la industria y el conocimiento local, en lugar de reducir la actividad de fábricas que ya están funcionando