La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) abre un frente económico delicado para Honduras. El eventual retorno de miles de compatriotas desde Estados Unidos podría traducirse en una menor entrada de remesas y en una pérdida estimada de hasta 380 millones de dólares

El impacto sería significativo en un país donde estos envíos sostienen a miles de hogares. Solo en 2025, Honduras recibió cerca de 12 mil 100 millones de dólares por remesas, una fuente clave para cubrir alimentación, salud, educación, vivienda y otros gastos básicos

Menos dinero para las familias

Si una parte de los beneficiarios del TPS deja de trabajar en Estados Unidos o regresa al país, disminuiría su capacidad de enviar dinero a sus familias. Esa caída no solo afectaría a los hogares receptores, sino también al consumo que dinamiza distintos sectores de la economía

Para muchas familias hondureñas, las remesas representan el principal respaldo financiero. Una reducción prolongada podría obligarlas a ajustar gastos y a enfrentar mayores dificultades para cumplir sus compromisos cotidianos

El reto de recibir a los retornados

Más allá del golpe en los ingresos, la cancelación del TPS plantea el desafío de reintegrar a personas que han construido su vida laboral y familiar en Estados Unidos. Su regreso obligaría al país a generar condiciones para aprovechar su experiencia y sus capacidades

Las autoridades tendrían que impulsar empleo, emprendimiento y mecanismos de vinculación laboral que faciliten su incorporación a actividades productivas. También sería necesario identificar habilidades técnicas, oficios y conocimientos adquiridos durante su permanencia en el exterior

Prepararse antes del impacto

Ante este panorama, se vuelve clave anticipar respuestas. Programas de capacitación, acceso al financiamiento y apoyo al emprendimiento podrían ayudar a reducir la vulnerabilidad de las familias afectadas y a aprovechar el talento de quienes retornen

Honduras enfrenta así un doble desafío: amortiguar una posible caída de las remesas y, al mismo tiempo, crear oportunidades para una población que podría necesitar empleo, vivienda y servicios básicos al volver al país