El Gobierno modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y flexibilizó las condiciones para que una empresa sea considerada proveedora local de los proyectos incluidos en el programa

El decreto 1366/2026 eliminó el requisito que exigía que al menos el 51% del capital social o de los votos societarios estuviera en manos de titulares locales. A partir de ahora, será suficiente con que la compañía esté constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas

Así, una empresa de capital extranjero radicada en el país podrá ser considerada proveedora local a los efectos del RIGI. Para los bienes, sin embargo, seguirá vigente la obligación de cumplir con los criterios de origen nacional establecidos en el Mercosur

Más empresas en las cadenas de suministro

La modificación busca ampliar la participación de compañías instaladas en la Argentina en las cadenas de abastecimiento de los grandes proyectos de inversión y favorecer una mayor competencia entre proveedores

En ese marco, el Ministerio de Economía organiza rondas de negocios para vincular a las empresas que desarrollan proyectos bajo el RIGI con potenciales proveedores. La segunda jornada está prevista para el 2 de diciembre, con eje en hidrocarburos y energía, y contempla la participación de 60 empresas compradoras y más de 2000 proveedoras

El cambio también genera una advertencia: si las empresas extranjeras domiciliadas en el país obtienen la calificación de proveedoras locales, podrían desplazar o perjudicar a parte del entramado productivo nacional

Transferencias, reorganizaciones y nuevos plazos

La nueva reglamentación también flexibilizó las transferencias de acciones y las reorganizaciones societarias de las empresas adheridas al RIGI. Un tercero podrá adquirir participaciones de una compañía beneficiaria sin alterar por ese solo hecho los derechos del proyecto aprobado. Sin embargo, el monto de la operación no podrá computarse para alcanzar los mínimos de inversión exigidos

En las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos, las transferencias deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular observaciones; si no lo hace, la operación se considerará conformada

Las sucursales vinculadas con proyectos del RIGI también podrán transferir sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sociedad anónima. Necesitarán autorización previa del Ministerio de Economía, pero no deberán volver a adherir al régimen ni perderán los beneficios aprobados originalmente

El decreto además precisa cómo se computarán los compromisos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que pueden ejecutarse por etapas. También amplía las posibilidades de contabilizar divisas aportadas desde el exterior por accionistas, socios y sociedades vinculadas

Esos fondos deberán destinarse efectivamente a las inversiones aprobadas y quedar respaldados por registros contables y mecanismos de trazabilidad. El Banco Central establecerá las condiciones para acceder al mercado de cambios