El Gobierno dio luz verde al llamado a licitación para concesionar las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, mediante la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial
El proceso había sido iniciado un año atrás, cuando el Poder Ejecutivo informó que Belgrano Cargas y Logística sería reorganizada en unidades de negocio y liquidada después de la concesión de sus activos estratégicos
Una concesión por 50 años
La convocatoria será nacional e internacional y prevé una concesión por 50 años de las tres líneas, que abarcan 7594 kilómetros de vías en 16 provincias. La red conecta con los principales puertos del país y también con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
El esquema se realizará bajo un régimen de acceso abierto. Además, quienes inviertan al menos 200 millones de dólares en la renovación de vías podrán acceder al RIGI
La lógica de la oferta
Según lo previsto, no habrá una competencia centrada en el dinero ofrecido al Estado por la concesión. La evaluación ponderará el peaje máximo que cada oferente pretenda cobrar a las formaciones y las inversiones comprometidas
En ese marco, tendrán ventaja las propuestas que combinen tarifas más bajas con mayores compromisos de inversión
El respaldo oficial
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la privatización permitirá poner en valor a la empresa y cuestionó el esquema estatal que, según dijo, se deterioró con el paso del tiempo pese al aumento del gasto público
También afirmó que el sector privado está en mejores condiciones de aportar capital, experiencia y asumir riesgos para modernizar el sistema y volverlo más competitivo para las exportaciones
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la medida como uno de los cambios más trascendentes de la gestión de Javier Milei y celebró el avance del plan de infraestructura privada
Una cláusula especial
El proceso incluirá una restricción que impedirá participar a empresas controladas por Estados extranjeros. Ese criterio ya había sido aplicado por el Gobierno en otros concursos vinculados con la Hidrovía y el proyecto AMBA I