La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70, mediante los cuales se habían eliminado las reglas que permitían al Estado intervenir en la definición de las cuotas de las empresas de medicina prepaga
La decisión fue adoptada en la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical”. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz consideraron que no hubo una justificación suficiente para modificar una ley por vía de urgencia, en lugar de enviar un proyecto al Congreso
Un fallo limitado a un caso, con posibles efectos más amplios
La sentencia no obliga directamente al Gobierno a establecer un nuevo sistema de regulación de precios. Su efecto inmediato alcanza a la persona que inició la demanda. Sin embargo, el antecedente podría impulsar reclamos similares. En la propia Corte existen, de acuerdo con fuentes judiciales, cientos de expedientes de características parecidas
Ahora se espera que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había intervenido antes que la Corte, dicte una nueva resolución y precise el alcance concreto del fallo
La preocupación de las empresas
La Unión Argentina de Salud manifestó preocupación y pidió un diálogo que incluya a los distintos actores del sistema. Las empresas sostienen que necesitan reglas estables para planificar la atención médica, invertir en infraestructura y tecnología, incorporar innovaciones y formar personal especializado
El sector afirma que las cuotas acumulan un retraso promedio del 18% frente a la inflación, tomando como referencia el período comprendido entre enero de 2012 y octubre de este año. También sostiene que los costos de la atención médica aumentaron por encima del nivel general de precios
Las compañías advierten que un límite que no contemple la evolución de los costos podría afectar la calidad y el acceso al servicio. Además, señalan que la incorporación permanente de nuevas coberturas dificulta el equilibrio financiero de prepagas, obras sociales y del propio Estado
Qué establecía la regulación anterior
El artículo 17 de la ley 26.682 establecía que la Superintendencia de Servicios de Salud debía controlar la razonabilidad de las cuotas y autorizar los aumentos considerando la estructura de costos y el cálculo actuarial de los riesgos
El DNU 70 eliminó esa intervención. Desde entonces, las prepagas pudieron definir libremente sus precios, aunque mantuvieron la obligación de informar los aumentos a sus afiliados con anticipación
Antes de esa modificación, la autoridad de aplicación había utilizado porcentajes generales para todo el mercado. El presidente de la Unión Argentina de Salud, Hugo Magonza, cuestionó que ese esquema no contemplara suficientemente las diferencias entre empresas y planes
El antecedente del Índice de Costos de Salud
Durante un año y medio, a partir de 2022, un Índice de Costos de Salud determinó los aumentos máximos que podían aplicar las prepagas y los reajustes mínimos que debían trasladar a los prestadores
El consultor Patricio Pasman planteó que los cambios frecuentes en las reglas afectan a un sector con una importante cantidad de empleo privado registrado. También señaló que todavía no está claro qué consecuencias tendrá el fallo hacia atrás y consideró posible que el índice vuelva a utilizarse en el futuro
El conflicto que siguió a la desregulación
La liberación de los precios comenzó en diciembre de 2023, cuando las empresas advertían que las cuotas habían quedado rezagadas frente al aumento de sus costos. En los primeros cuatro meses de 2024, los valores acumularon una suba promedio cercana al 150%
Los incrementos provocaron reclamos y una investigación impulsada por referentes de la Coalición Cívica, que denunciaron una posible cartelización. En abril, el Gobierno intentó frenar las subas y el conflicto terminó en un acuerdo judicial que incluyó la suspensión temporal de la parte del decreto vinculada con las cuotas
Desde julio de 2024 volvió a regir la libertad de precios. La sentencia de la Corte no eliminó de inmediato ese régimen para todo el mercado, pero puso en discusión la forma en que fue establecido y abrió una nueva etapa de incertidumbre regulatoria