SANTA ROSA.- La Justicia Federal suspendió de manera provisoria la aplicación del Decreto 982/2026, que modificaba el esquema de distribución de las regalías generadas por la represa Los Nihuiles, en San Rafael, Mendoza
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejaba sin efecto el régimen vigente desde 1973 y otorgaba a Mendoza el 100% de los recursos hidroeléctricos. Con la resolución judicial, La Pampa continuará percibiendo el 50% de esas regalías
La decisión fue adoptada por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, tras una medida cautelar autónoma presentada por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto a través de la Fiscalía provincial
La cautelar tendrá vigencia hasta que se analice el pedido principal. Antes de resolverlo, el magistrado solicitó al Poder Ejecutivo Nacional un informe, que deberá ser presentado dentro de los tres días posteriores a la notificación
El reclamo de La Pampa contra el nuevo esquema
Ziliotto cuestionó el decreto y lo calificó de innecesario, inviable y descabellado. Según sostuvo, un acuerdo celebrado entre el Estado nacional, Mendoza y La Pampa no puede ser dejado sin efecto de manera unilateral
El gobernador también recordó que la Corte Suprema reconoció en 1987 el carácter interjurisdiccional del río Atuel. En esa línea, afirmó que La Pampa tiene derechos sobre el curso de agua junto con Mendoza
Además, señaló que el acuerdo firmado en 1992 por ambas provincias y el Estado nacional reconoce a La Pampa la percepción de regalías provenientes de Los Nihuiles
Un decreto emitido mientras el conflicto sigue en la Corte
La disputa por el uso del río Atuel mantiene enfrentadas a Mendoza y La Pampa desde hace décadas. La controversia por las regalías de la represa volvió a quedar vinculada con ese conflicto
El Decreto 982/2026, publicado el viernes anterior, reemplazó el régimen establecido por el Decreto 1560/73. El argumento oficial fue que el aprovechamiento hidroeléctrico se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino
La validez del esquema de 1973 se discute en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado nacional ante la Corte Suprema. En ese expediente, el propio Estado pidió que La Pampa participara por considerar que la provincia estaba directamente involucrada
El máximo tribunal aceptó esa intervención el 27 de agosto. Catorce días después, el Poder Ejecutivo modificó hacia el futuro el régimen cuya validez todavía está bajo análisis judicial
La Pampa sostiene que esa coincidencia justifica una protección inmediata. Su objetivo es impedir que el nuevo sistema produzca efectos difíciles de revertir, especialmente ante las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles