El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Competitividad Financiera que modifica el tratamiento de algunas inversiones y amplía los instrumentos disponibles para obtener crédito

Uno de los cambios centrales alcanzaría a las ganancias obtenidas por la compraventa de Cedears, certificados que permiten invertir desde la Argentina en acciones de empresas extranjeras. La propuesta elimina la exención del impuesto a las Ganancias bajo determinadas condiciones

Qué operaciones quedarían alcanzadas

La modificación se aplicaría a los Cedears adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive, siempre que la acción representada tampoco hubiera estado exenta si se compraba directamente

Las tenencias incorporadas antes de esa fecha quedarían fuera del cambio. El impuesto recaería sobre el resultado de la compraventa y no sobre el total del dinero invertido. Los dividendos provenientes del exterior ya tributan

La aplicación dependerá de la aprobación del Congreso y de normas posteriores que definan cómo calcular el costo y el resultado de cada operación. El proyecto también retira la exención para determinados fondos comunes abiertos con inversiones en activos extranjeros por encima del límite legal general. La medida alcanzaría a las cuotapartes adquiridas o suscriptas desde el 31 de octubre

Un mercado para certificados y cobros pendientes

La iniciativa, que contiene 240 artículos, permitiría negociar en Bolsa certificados de plazos fijos constituidos a 365 días o por el período mayor que establezca el Banco Central

Un ahorrista podría vender ese certificado antes del vencimiento a otro inversor. La operación no sería una precancelación: el precio dependería del mercado y podría ser diferente del capital originalmente depositado

Para los comercios, el emisor de una tarjeta debería crear un título electrónico por cada operación autorizada. Ese documento representaría el cobro pendiente y podría negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores o en plataformas bajo supervisión del Banco Central

De ese modo, un comercio podría anticipar fondos para reponer mercadería o pagar salarios, a cambio de un costo financiero. El objetivo declarado es ampliar la competencia entre alternativas de anticipo

Más bienes y derechos como respaldo

El proyecto incorpora nuevas categorías de activos para garantizar préstamos. Entre ellas figuran software, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, cuentas por cobrar y flujos futuros de fondos

Una empresa podría ofrecer parte de sus cobranzas previstas como respaldo, además de sus bienes físicos. Para registrar esas garantías se crearía el Sistema Federal de Registro de Garantías, con entidades públicas y privadas conectadas a una base común y el Banco Central como autoridad de aplicación

La inscripción tendría alcance nacional. La prioridad entre acreedores se definiría por el momento del registro, y podrían constituirse nuevas prendas sobre un mismo bien sin autorización del primer acreedor, siempre que se respete ese orden

Ante un incumplimiento, cualquier acreedor titular de un certificado prendario podría pedir judicialmente el secuestro del bien si esa posibilidad estuviera prevista en el contrato. En las relaciones de consumo, el deudor debería ser citado previamente para ejercer su defensa

Instrumentos para el campo y menos intermediarios

La reforma habilitaría pagarés que prometan entregar bienes físicos, como granos, con cantidad, calidad, lugar y fecha determinados. También permitiría actualizar pagarés y letras de cambio mediante índices o unidades de valor verificables

Los warrants podrían abarcar bienes en proceso de producción. Además, el seguro dejaría de ser obligatorio y se flexibilizaría la venta del instrumento ante un incumplimiento

La propuesta también busca reducir intermediarios en operaciones con facturas de crédito electrónicas para pequeñas y medianas empresas, cheques diferidos, pagarés y warrants. Las plataformas registradas ante el Banco Central podrían conectar directamente con mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores

Las Sociedades de Garantía Recíproca y el régimen de factura de crédito pasarían a estar bajo la autoridad del Banco Central

Fondos, acciones propias y planes de ahorro

El texto procura habilitar de manera expresa a fondos abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales, según la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores y la política de inversión de cada fondo

También eleva del 10% al 25% del capital el límite de acciones propias que una empresa puede conservar

Otro capítulo modifica el régimen de las sociedades de capitalización y ahorro, incluidas las que ofrecen planes para comprar automóviles. Los contratos nuevos quedarían sujetos al Código Civil y Comercial y a la normativa de Defensa del Consumidor

Los contratos vigentes mantendrían las condiciones generales aprobadas por la Inspección General de Justicia hasta su vencimiento, rescate o rescisión

Implementación condicionada a la aprobación legislativa

El paquete todavía necesita la aprobación del Congreso. La apuesta oficial es reducir el riesgo de quienes prestan dinero para mejorar las condiciones del crédito, aunque una eventual baja de las tasas dependerá de la implementación y de la respuesta del mercado

Si la reforma se aprueba, el Banco Central tendrá 180 días desde la promulgación para reglamentar técnicamente el registro de garantías y deberá lograr su plena operatividad dentro de los 360 días

Durante ese período seguirán funcionando los registros existentes y las garantías ya inscriptas conservarán su prioridad