El mar dejó de ser considerado únicamente un espacio de tránsito, comercio, defensa y control territorial. En las últimas décadas también se consolidó como una fuente de infraestructura, tecnología, empleo, conocimiento y desarrollo económico

Esa transformación forma parte de la denominada economía azul, que busca organizar el aprovechamiento de los recursos oceánicos con criterios económicos, ambientales y sociales. El concepto fue impulsado, entre otros referentes, por el economista belga Gunter Pauli y luego incorporado a las agendas de distintos organismos internacionales

La dimensión del fenómeno ayuda a explicar su importancia. La economía oceánica representa alrededor de US$6 billones de valor agregado real, cerca del 5% del producto bruto interno mundial. Si se la considerara un país, ocuparía el quinto lugar entre las mayores economías del planeta

Pesca, acuicultura, hidrocarburos y energía offshore, transporte marítimo, puertos, turismo, industria naval, bonos climáticos y biotecnología integran ese universo. En particular, la pesca y la acuicultura alcanzaron un valor de primera venta de US$472.000 millones

Pesca, petróleo y salmón

El caso de Malvinas permite observar cómo los recursos marítimos se convierten en inversiones y capacidad instalada. La pesca representa el 58,3% nominal de los ingresos de las islas y constituye la base de su economía

A esa actividad se suma el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago, en la plataforma marítima. Su primera etapa contempla 11 pozos submarinos y una producción estimada cercana a los 50.000 barriles diarios, con ingresos calculados en US$1000 millones para 2028

Ahora aparece una tercera actividad de gran escala. Unity Marine proyecta producir hasta 50.000 toneladas anuales de salmón del Atlántico, con una valuación estimada de US$600 millones por año. El emprendimiento contempla la asociación entre una empresa pesquera radicada en las islas y capitales daneses

Pesca, hidrocarburos y acuicultura son negocios distintos, pero comparten una característica estratégica: transforman recursos y espacios marítimos en infraestructura, renta, conocimiento, relaciones económicas y proyección territorial

La respuesta jurídica argentina

La pesca fue el primer sector en generar una respuesta argentina que excedió el plano diplomático. Frente a la explotación de recursos pesqueros bajo administración británica, el Estado diseñó normas que también establecen consecuencias dentro del sistema pesquero nacional

La ley 26.386, sancionada en 2008, modificó el Régimen Federal de Pesca. Quienes reciben cuotas o autorizaciones argentinas no pueden mantener determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que operen sin permiso nacional en aguas bajo jurisdicción argentina

Cuando se verifica esa incompatibilidad, pueden caducar los permisos, las cuotas o las autorizaciones correspondientes. El criterio de fondo vincula la administración de los recursos naturales con la cuestión de la soberanía

También existe un marco internacional. La resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso relacionado con la disputa de soberanía. La posición argentina sostiene que la concesión y explotación unilateral de recursos en el área en controversia contradice ese principio

Con posterioridad, se establecieron instrumentos similares para empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos sin autorización nacional. De ese modo, la pesca y el petróleo quedaron incorporados a una misma perspectiva estratégica

La particularidad de la acuicultura

La acuicultura podría convertirse en el tercer capítulo de esta disputa. A diferencia de la pesca extractiva y de la explotación petrolera, no captura biomasa existente ni extrae recursos de un yacimiento natural. Su lógica se parece más a la de una actividad agroindustrial

La producción de organismos acuáticos en cautiverio requiere estudios ambientales, controles sanitarios, tecnología, genética, embarcaciones, plantas de procesamiento, sistemas de frío, alimento balanceado, logística e industrias complementarias

Una parte importante de esa cadena debe instalarse cerca del lugar de producción para que el negocio resulte rentable. Una flota pesquera puede capturar, procesar y retirarse. La acuicultura, en cambio, necesita permanecer

Esa permanencia puede generar infraestructura, especialización, empleo, conocimiento y una comunidad productiva con perspectiva de largo plazo. Chile ofrece una referencia regional: durante el último año obtuvo más de US$7800 millones a partir de la acuicultura

Por eso, soberanía y desarrollo no deberían analizarse como procesos separados. La reivindicación argentina sobre Malvinas tiene fundamentos históricos y jurídicos propios, pero la investigación, la administración y la regulación de las actividades económicas también contribuyen a construir capacidad estratégica sobre un territorio

Tierra del Fuego y el cambio de enfoque

La experiencia de Tierra del Fuego ofrece un antecedente relevante. En 2020 estaba vigente la ley nacional de acuicultura 27.231, sancionada en 2015, mientras la provincia atravesaba un debate sobre el desarrollo de cultivos acuáticos

La campaña “No a las salmoneras”, respaldada por organizaciones conservacionistas locales e internacionales, impulsó la prohibición de la actividad. En 2021 se sancionó la ley provincial 1355, que limitó el cultivo de salmónidos en toda la jurisdicción

Mientras tanto, en Malvinas se promovía el desarrollo integral de la acuicultura mediante consultas públicas. La coincidencia temporal plantea una discusión más amplia: prohibir una actividad en un territorio no impide necesariamente que otro la desarrolle

Cuatro años después, la ley provincial 1601 estableció un nuevo marco para fomentar, junto con el Consejo Federal de Inversiones, el desarrollo sustentable de la acuicultura continental y marítima

El cambio dejó atrás la pregunta binaria sobre si debe permitirse o prohibirse el salmón. La discusión pasó a centrarse en qué tipo de acuicultura desarrollar, en qué lugares y bajo qué condiciones ambientales, productivas y tecnológicas

Una discusión que recién comienza

La aparición de la acuicultura como actividad económica de gran escala en Malvinas abre interrogantes que hasta hace poco no formaban parte del debate. La pesca y los hidrocarburos ya cuentan con antecedentes jurídicos y políticos. La pregunta es si la acuicultura debería quedar fuera de esa misma lógica

También será necesario determinar qué reglas podrían aplicarse en el futuro a las empresas que desarrollen actividades acuícolas bajo autorización británica. Las normas vigentes todavía no ofrecen una respuesta completa, aunque la existencia de legislación propia permite comenzar a construirla

La consulta pública para impulsar el sector en las islas indica que el escenario dejó de ser hipotético. La discusión no se limita a la producción de salmón: incluye soberanía, inversión, infraestructura, empleo, ambiente y transparencia institucional

En ese contexto, también resulta necesario examinar el papel de las organizaciones ambientales que intervienen en estos debates. Si existen cuestionamientos en Tierra del Fuego y Chile, corresponde analizar si los argumentos y estándares se aplican de manera uniforme, qué vínculos existen entre las campañas y cómo se financian las instituciones involucradas

Primero fue la pesca. Luego, el petróleo. Ahora, la acuicultura. Son actividades diferentes, pero todas convierten los recursos marítimos en inversión, capacidad económica e infraestructura alrededor de Malvinas

La Argentina construyó respuestas para las dos primeras. La particularidad del nuevo escenario es que, esta vez, la discusión puede comenzar antes de que la industria acuícola alcance su pleno desarrollo