En la rada de La Plata, frente a Ensenada, el paisaje fue inusual: más de 25 buques mercantes quedaron inmóviles, alineados sobre el horizonte y sin poder continuar su recorrido
La escena reflejó una tensión que se extendió por varios puertos del país. Solo en la Hidrovía, 90 embarcaciones quedaron sin operar por la falta de practicaje y pilotaje, un servicio clave para entrar y salir de zonas portuarias, canales y ríos con seguridad
La reforma que desató el conflicto
La crisis comenzó después de la entrada en vigencia del decreto 690/2026, que modificó un régimen vigente desde 1991. La nueva norma eliminaba requisitos que el Gobierno consideraba obsoletos, abría el ingreso de nuevos prestadores y habilitaba la contratación libre de prácticos por parte de los usuarios
También establecía un registro abierto de profesionales habilitados, sin cupos, y fijaba tarifas máximas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según la explicación oficial, además flexibilizaba las condiciones para el traslado de prácticos y ampliaba las dimensiones de los buques para los que sería obligatorio contratarlos
El servicio quedó casi paralizado
Tras la publicación del decreto, los prácticos decidieron no tomar nuevos trabajos hasta analizar su alcance. Sostuvieron que la medida afectaba la seguridad náutica y su propia seguridad individual. El resultado fue una parálisis casi total de la actividad, con impacto en la operatoria portuaria
John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, explicó que los prácticos son profesionales independientes, de libre contratación, y remarcó que no hubo paro ni huelga en términos laborales, sino una decisión de no pactar nuevos servicios
Un acuerdo para volver a operar
La salida llegó en una reunión en el Ministerio de Seguridad. Allí, representantes del Gobierno, empresas, entidades y profesionales del sector acordaron reactivar de inmediato el servicio y reducir 20% las tarifas vigentes
El Ministerio de Seguridad, por su parte, se comprometió a elevar a consideración de la Presidencia la suspensión de los efectos del decreto. Además, se creó una Mesa Intersectorial con participación del Estado y del sector para elaborar un nuevo reglamento
El costo de la demora
Desde el comercio exterior advirtieron que las pérdidas por la demora de los barcos pueden llegar a US$30 millones. También remarcaron que, si el conflicto seguía, podía empezar a frenar flujos y afectar la producción
Para el sector, el alivio fue inmediato: el acuerdo evitó que una disputa regulatoria derivara en un daño mayor sobre una actividad central para el ingreso de divisas al país