El conflicto judicial comenzó por una publicidad realizada cuando Luisana Lopilato tenía siete años. La actriz reclamó una indemnización superior a los dos millones de dólares por el uso de su imagen en una campaña de Punta Systems, una empresa de alarmas de Uruguay
Tras 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno modificó parcialmente el fallo de primera instancia, que había rechazado toda la demanda. La resolución reconoció una compensación de US$ 4000, más los intereses legales correspondientes
La autorización original no pudo ser determinada con precisión
El contrato firmado por Eduardo Lopilato, padre de la actriz, no fue incorporado al expediente. El documento debía establecer el plazo y las condiciones para utilizar la imagen de la niña
El tribunal consideró que la responsabilidad de presentar ese contrato correspondía a la parte demandante. También señaló que Punta Systems no había sido parte formal del acuerdo celebrado entre la familia y una productora publicitaria de Buenos Aires
El comercial había sido realizado por el publicista Eduardo Schejtman, quien acordó verbalmente con la empresa la instalación de un sistema de seguridad en su casa de Punta del Este a cambio de producir el aviso
El uso se extendió durante diez años
Aunque el contrato original no apareció, los magistrados concluyeron que no era razonable interpretar que la autorización hubiera sido indefinida. Tomaron como referencia el testimonio del padre de Lopilato y otros contratos para establecer un plazo de un año, correspondiente al período 1994-1995
Sin embargo, la imagen continuó apareciendo en campañas hasta 2006, cuando la familia intimó a Punta Systems a retirarla. La Justicia reconoció así diez años de utilización sin una nueva contraprestación, aunque admitió que algunas imágenes pudieron permanecer durante más tiempo en viviendas particulares o en internet
La fotografía no fue considerada el logotipo de Punta Systems
El tribunal rechazó que la empresa hubiera convertido la imagen de Lopilato en su emblema comercial. Según la prueba analizada, el logotipo era un globo terráqueo sostenido por una mano
Las imágenes de la niña utilizadas en vehículos, folletos y cartelería fueron interpretadas como reproducciones del cierre del comercial televisivo. Por eso, los magistrados no consideraron probado un uso abusivo fuera de los fines publicitarios originales
La irregularidad reconocida fue la extensión del uso sin el pago de una nueva remuneración
El cálculo se basó en el valor de la publicidad infantil
Lopilato había reclamado US$ 50.000 anuales por lucro cesante, el 15% de las ganancias de las empresas y US$ 25.000 por daño moral. El reclamo total rondaba los dos millones de dólares
El tribunal descartó utilizar como referencia contratos firmados en 2007 y 2008, cuando la actriz ya era conocida. Consideró que el valor de su imagen en la publicidad debía calcularse según su edad y reconocimiento en 1994
Con base en el caché original, estimado entre US$ 400 y US$ 600, fijó una remuneración anual de US$ 400. Multiplicada por los diez años de uso no remunerado, la suma alcanzó los US$ 4000, más intereses legales desde la presentación de la demanda hasta el pago
El tribunal rechazó otros reclamos económicos
Los magistrados no encontraron una relación causal entre la presencia de Lopilato en la campaña y las ganancias obtenidas por Punta Systems. Por ese motivo, rechazaron el pedido de participación en los beneficios de la empresa
También descartaron el daño moral. La demanda contenía afirmaciones generales sobre posibles perjuicios personales y profesionales, pero no aportaba pruebas suficientes para acreditarlos
La resolución valoró además que transcurrieron al menos siete años entre la intimación de 2006 y el inicio de la demanda, presentada en 2013
Prosegur y las cuestiones procesales
Prosegur, que adquirió el 100% de las acciones de Punta Systems en febrero de 2009, también había sido incluida en el reclamo. El tribunal determinó que la acción contra esa compañía no podía prosperar: no tenía responsabilidad contractual reconocida y, para la responsabilidad extracontractual, había vencido el plazo legal de cuatro años
La Justicia también rechazó el pedido de las empresas para considerar desistida la demanda porque Lopilato no asistió personalmente a todas las instancias. Su residencia en la Argentina fue considerada un motivo válido para comparecer mediante un representante legal
El fallo no impuso a la actriz el pago de las costas y los costos judiciales. El tribunal entendió que había actuado legítimamente para defender sus derechos y que una parte de su reclamo había sido admitida