El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo este miércoles 26 de agosto una reunión con la Sala Plena de la Corte Constitucional, como parte de las visitas protocolarias que ha venido realizando a los principales órganos de la Rama Judicial
El encuentro se produjo un día después de que el alto tribunal resolviera devolver a la Cámara de Representantes nueve artículos de la reforma pensional para corregir vicios de trámite, al tiempo que avaló buena parte del contenido de la iniciativa impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro
Una agenda de acercamiento con la Rama Judicial
En la reunión estuvieron magistrados de la corporación y sus directivas, entre ellos Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Lina Marcela Escobar, Jorge Enrique Ibáñez, Héctor Carvajal y Carlos Camargo, además de la presidenta Paola Meneses y la vicepresidenta Natalia Ángel
Por parte del Ejecutivo asistió el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien también ha acompañado al mandatario en encuentros con el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura
La estrategia del Gobierno busca mantener una relación de coordinación con las instituciones judiciales en el arranque de la nueva administración, luego de un periodo de tensiones entre el anterior gobierno y distintas altas cortes. La siguiente reunión prevista será con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
La reforma pensional y otros frentes
La visita ocurrió en medio del debate abierto por la reforma pensional, uno de los temas que más diferencias generó en el periodo anterior. Durante el gobierno de Gustavo Petro, hubo choques públicos con magistrados de la Corte Constitucional, especialmente con Jorge Enrique Ibáñez Najar, cuando presidía la corporación
La Corte también tiene bajo estudio el decreto con el que el presidente declaró la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto. Además, el Ejecutivo ha presentado ante la Rama Judicial otras reformas que planea llevar al Congreso, entre ellas la eliminación de la audiencia de imputación para enfrentar la congestión judicial, ajustes sobre la jurisdicción Agraria y cambios en la participación de la Procuraduría General de la Nación en ciertos procesos penales