Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses de Guadalajara, presentó una denuncia ante autoridades judiciales contra el periodista Jesús Patiño Olalde, luego de la difusión de investigaciones sobre contratos millonarios asignados durante su gestión a empresas presuntamente relacionadas con su familia
El caso comenzó después de que León Aguirre difundió un video en redes sociales en el que adelantó que acudiría a instancias penales por publicaciones que, según dijo, carecían de sustento legal. La denuncia incluye señalamientos por supuesto acecho y derivó en medidas de protección, entre ellas la prohibición de acercarse al exfuncionario
Las medidas judiciales y el origen del conflicto
Jesús Patiño informó que fue notificado el 21 de julio de 2026 sobre las restricciones impuestas por la autoridad. De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el exfuncionario utilizó capturas de conversaciones de WhatsApp en las que el reportero pedía una entrevista para conocer su versión de los hechos
La querella también lo acusa de haber sobrevolado un dron sobre el domicilio de León Aguirre, extremo que el periodista niega. Las investigaciones periodísticas que detonaron la acción legal apuntan a una red de proveedores y contratos otorgados por el ayuntamiento de León, Guanajuato, a familiares del exfuncionario, incluida su esposa
Señalamientos por hostigamiento a la prensa
La organización Artículo 19 rechazó el uso de la vía penal contra periodistas en este tipo de casos y advirtió que puede tratarse de un intento de inhibir la investigación de asuntos de interés público. También recordó que las personas servidoras públicas están sujetas a mayor escrutinio
Aunque León Aguirre dejó el cargo en abril de 2026, la organización sostuvo que los reportajes sobre su gestión siguen siendo relevantes por el manejo de recursos públicos en la administración municipal encabezada por Alejandra Gutiérrez Campos
Artículo 19 llamó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a no criminalizar el trabajo periodístico y pidió a los gobiernos municipales condenar el uso de recursos públicos para presionar a la prensa. Según la organización, la libertad de expresión debe proteger especialmente las investigaciones sobre el poder público y el interés general