Lynnette Stitt Williams, empleada del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, fue arrestada y acusada de organizar presuntamente un esquema para emitir licencias de conducir a solicitantes que no reunían las condiciones legales

La funcionaria trabajaba en la oficina de Pembroke Pines, en el condado de Broward. Según la acusación, algunos solicitantes pagaban una tarifa a una escuela de manejo que les garantizaba obtener la credencial y luego eran derivados directamente con ella

Un circuito que evitaba los controles habituales

Los solicitantes no seguían el sistema habitual de citas. La investigación identificó domicilios presuntamente falsos y varios casos en los que distintas personas presentaron las mismas facturas de servicios públicos o cable como prueba de residencia

También se habrían emitido licencias a personas que todavía debían repetir el examen práctico de manejo. Para los investigadores, la combinación de esas irregularidades apunta a una participación consciente y no a un error aislado

Los 360 cargos corresponden a seis delitos atribuidos a cada uno de los 60 trámites investigados. Tres están relacionados con la posesión, emisión o entrega no autorizada de licencias. Los otros tres se vinculan con falsificación, uso delictivo de un registro público y mala conducta oficial

La situación legal de los titulares

Las personas que no son ciudadanas estadounidenses deben demostrar su presencia legal en el país al solicitar una licencia. Entre los documentos aceptados se encuentran la tarjeta de residencia permanente, un permiso de trabajo vigente y determinadas constancias migratorias federales

La legislación de Florida establece además que el estado no reconoce las licencias emitidas por otros estados exclusivamente para inmigrantes indocumentados. Poseer a sabiendas una licencia obtenida de manera ilegal, o mentir y ocultar información en la solicitud, constituye un delito grave de tercer grado, con una pena máxima de cinco años de prisión

El departamento puede cancelar una licencia si la persona no tenía derecho a obtenerla o proporcionó información incorrecta. En ese caso, el titular debe devolver la credencial

No se precisó cuántos de los 60 trámites correspondían a migrantes sin estatus legal. Tampoco se informó si las autoridades revisarán esas licencias ni si la escuela de manejo involucrada enfrenta cargos

Otro expediente por entrega irregular de licencias

Días antes, otra exempleada de una oficina del condado, Quonteria Lameshae Dixon, había sido acusada de entregar licencias a personas que utilizaban documentos con datos personales ajenos. Esas credenciales fueron utilizadas posteriormente en un fraude bancario

Dixon enfrenta 77 cargos y permanece detenida sin derecho a fianza. Los dos casos no parecen estar relacionados

Los arrestos se produjeron nueve meses después de un cambio en el trámite estatal. Desde el 6 de febrero de 2026, todos los exámenes se rinden únicamente en inglés y sin intérprete

La jueza Allison Gilman determinó que existía causa probable. La fiscalía había solicitado una fianza de 900.000 dólares, pero la magistrada la fijó en US$15.000. Stitt Williams tenía programada una audiencia previa al juicio para el miércoles 18 de noviembre