El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, encabezó en Piura el II Simulacro Nacional Multipeligro del año, un ejercicio orientado a medir la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población ante una emergencia por lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos

Respuesta ante un escenario de emergencia

La actividad se desarrolló en el puente Andrés Avelino Cáceres, sobre el río Piura, con participación de autoridades y entidades de primera respuesta

Durante el simulacro se ejecutaron evacuaciones hacia zonas seguras, rescates en estructuras colapsadas, rescate en bote y evacuación aeromédica

Belaunde Llosa recorrió junto al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez, los puestos de comando instalados para la atención de emergencias

Al cierre del ejercicio, el titular de Defensa se comunicó de forma virtual con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para presentar un balance del operativo simulado

El reporte de referencia señaló 26 fallecidos, 45 heridos, 31.661 damnificados y 93.634 afectados, además de 46 centros de salud dañados, 128 instituciones educativas afectadas y 7.915 viviendas destruidas

Presión política en el Congreso

En paralelo, congresistas de Juntos por el Perú presentaron una moción de interpelación contra Belaunde Llosa, impulsada por el legislador Marino Lavado, con un pliego de 43 preguntas sobre sus presuntos vínculos con la Compañía Minera Poderosa

La iniciativa pone el foco en ocho aportes económicos realizados por Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de la empresa, al partido Libertad Popular durante las Elecciones Generales 2026

Los promotores de la moción sostienen que, aunque esos aportes habrían sido legales, el nombramiento de Belaunde Llosa al frente del Ministerio de Defensa abre cuestionamientos sobre transparencia y posible conflicto de intereses

El documento también pide precisar si hay efectivos militares destacados para resguardar instalaciones de la minera y bajo qué sustento legal, además de cuestionar la eficacia de la estrategia de seguridad en Pataz, donde se registraron el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en 2025 y de 9 en 2023

La moción incorpora además advertencias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sobre el riesgo que supone el uso frecuente de estados de emergencia para los derechos fundamentales