El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete antiguos integrantes del secretariado de las Farc-EP por su responsabilidad en hechos del conflicto armado

El congresista dirigió parte de sus críticas contra Sandra Ramírez, exsenadora del partido Comunes, a quien mencionó en un mensaje publicado en redes sociales

“Sandra Ramírez, decenas de delitos, vidas de niñas y adolescentes destruidas, ocho años de curul regalada en el Congreso, escoltas y privilegios”, escribió Briceño

Luego cuestionó el alcance de la sanción: “¿Sanción de la JEP? Ocho años sin cárcel, haciendo ‘trabajo social’ y burlándose de las víctimas. Impunidad absoluta”

La sanción por el caso de secuestro

La decisión de la JEP corresponde a la sentencia por secuestro contra Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, y otros seis antiguos miembros del secretariado de las Farc. Sandra Ramírez no figura entre las personas incluidas en esta sanción

Los condenados deberán cumplir entre cinco y ocho años de trabajos, obras y actividades reparadoras bajo un régimen de restricciones a la libertad. También tendrán que usar dispositivos electrónicos de seguimiento, cumplir jornadas obligatorias y solicitar autorización judicial para cambiar de residencia o salir del departamento donde desarrollen los proyectos

Durante el cumplimiento de la sentencia no podrán salir de Colombia. El primer proyecto está previsto entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026 en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila

Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en labores de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas, bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Las actividades contemplan la adecuación de terrenos, excavación manual, tamizado y apoyo logístico a los equipos de antropología. Los antiguos jefes guerrilleros no realizarán funciones forenses

Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo recibieron sanciones de ocho años. Jaime Alberto Parra deberá cumplir siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años

La investigación sobre Sandra Ramírez

La JEP citó a Sandra Ramírez a una versión voluntaria para establecer qué conocimiento o intervención pudo tener en hechos de violencia contra menores reclutados por las Farc, incluidas conductas sexuales y reproductivas investigadas en el Caso 07

Este expediente analiza el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes durante el conflicto armado, así como los hechos que padecieron mientras permanecieron en las filas de las Farc. Entre los patrones estudiados están los tratos crueles, la tortura, los homicidios, las violencias sexuales y reproductivas y las agresiones por prejuicio

La diligencia fue avalada el 17 de septiembre de 2026 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas

La citación no constituye una imputación ni establece responsabilidad penal o administrativa contra Ramírez, conocida en la antigua organización como “Griselda Lobo”. La jurisdicción busca contrastar su declaración con los testimonios de las víctimas y con el material reunido en el expediente

La investigación también pretende determinar qué funciones desempeñó Ramírez dentro de la estructura guerrillera, si su relación con Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, le otorgó una posición de poder y cuál fue el alcance de esa influencia

Testimonios sobre presuntas agresiones a menores

Entre los testimonios conocidos está el de Deisy Dorelly Guanaro, quien afirmó haber sido reclutada cuando era menor de edad y señaló a Ramírez por presuntos abusos y humillaciones dentro de la guerrilla

Guanaro declaró que, cuando tenía 12 años, fue trasladada a San Vicente del Caguán. Según su relato, Ramírez reunió a varias niñas, las obligó a usar ropa interior negra y, en dos ocasiones, las hizo desfilar frente a integrantes del secretariado

Ramírez, quien llegó al Senado por el partido Comunes después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha rechazado que el reclutamiento de menores o las conductas denunciadas respondieran a una política sistemática de las Farc

“Nunca fue una política de las Farc, eso sí fue diferente. Pudo haber sucedido, sí, pero nosotros nunca lo ordenamos como colectivo”, afirmó en una declaración previa