California avanzó con un proyecto de ley que propone establecer un impuesto sobre las empresas privadas que administran centros de detención de migrantes. La iniciativa, identificada como AB 1633, fue impulsada por el asambleísta Matt Haney junto con otros legisladores
El texto ya fue votado en la Asamblea y el Senado estatal. Ahora fue enviado al gobernador Gavin Newsom, quien deberá decidir si lo convierte en ley
Un gravamen del 25% sobre los ingresos brutos
La propuesta crea la Ley de Impuestos a los Centros de Detención Privados. El gravamen alcanzaría a los operadores de estos establecimientos, independientemente de que sus contratos correspondan a organismos federales, estatales o gobiernos locales
El impuesto anual equivaldría al 25% de los ingresos brutos obtenidos por esas empresas a partir de sus actividades en California. Su aplicación comenzaría el 1° de julio de 2028 y se repetiría cada 1° de julio
El año fiscal abarcaría desde el 1° de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. Los pagos deberían efectuarse antes del 31 de julio posterior al cierre de cada ejercicio y estar acompañados por una declaración electrónica
La administración del régimen quedaría a cargo del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California (Cdtfa). El organismo también podría establecer procedimientos para la recaudación, las declaraciones, las devoluciones, los cobros y las apelaciones
El destino de los fondos recaudados
AB 1633 contempla la creación del Fondo de Debido Proceso para Todos dentro del Tesoro estatal. Allí se depositaría el dinero obtenido mediante el impuesto, una vez descontados los reembolsos y los costos administrativos
Los recursos no podrían utilizarse de manera automática. La Legislatura debería asignarlos previamente y destinarlos al financiamiento de servicios vinculados con la inmigración
El proyecto también incluye una disposición relacionada con AB 2465. Si esa iniciativa fuera promulgada, cambiaría la referencia legal utilizada para depositar los fondos, aunque se mantendría su destino en el Fondo de Debido Proceso para Todos
AB 2465, por su parte, propone impedir que las empresas que poseen, operan, invierten o prestan servicios a estos centros reciban subvenciones, préstamos o créditos fiscales estatales. Ambas iniciativas están vinculadas con la financiación de servicios legales y programas de apoyo para inmigrantes
Registro y obligaciones para los operadores
Los establecimientos alcanzados deberían registrarse ante el Cdtfa mediante los mecanismos que defina el organismo. El trámite podría realizarse de forma electrónica e incluir información sobre la actividad comercial
La inscripción requeriría informar el nombre con el que opera la empresa y cualquier otro dato solicitado por el departamento. Además, la solicitud tendría que autenticarse según los procedimientos establecidos por la autoridad tributaria
Los operadores también deberían cumplir con las obligaciones fiscales previstas. El Cdtfa tendría facultades para dictar regulaciones de aplicación y, cuando fuera necesario, establecer normas de emergencia
La decisión que debe tomar Newsom
AB 1633 superó las principales etapas legislativas, incluidas las discusiones en comisión y las votaciones en ambas cámaras. El proyecto se encuentra ahora a la espera de la firma del gobernador
Si Newsom lo aprueba, la norma entraría en vigor de inmediato por tratarse de una medida tributaria. Sin embargo, el impuesto del 25% comenzaría a cobrarse el 1° de julio de 2028