La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Brian Ortiz deberá ser juzgado por los incidentes ocurridos el 12 de junio de 2024 frente al Congreso, en medio de la protesta contra la Ley Bases mientras el Senado debatía el proyecto

El juez Gustavo Hornos rechazó el recurso presentado por la defensa contra la decisión del Tribunal Oral Federal N° 3, que ya había denegado la suspensión del proceso a prueba. Para el camarista, existe un interés público suficiente para que el caso se resuelva en un debate oral

La acusación y los hechos investigados

Ortiz fue enviado a juicio como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado. Según la acusación, alrededor de las 20.50 habría agredido a policías con golpes de puño y puntapiés en la esquina de Rivadavia y Callao, con el objetivo de impedir la liberación de la calzada y generar disturbios

Ese planteo deberá ser probado en el juicio oral. La defensa, en cambio, insistió en que su cliente no participó de agresiones y aportó un registro audiovisual que, según sostuvo, lo mostraba acorralado al momento de su detención

Un episodio con fuerte impacto institucional

Los incidentes comenzaron cuando organizaciones sociales, sindicales, políticas y piqueteras se concentraron en los alrededores del Congreso para rechazar la iniciativa oficial. Con el correr de las horas, la tensión derivó en choques en distintos sectores del perímetro legislativo

Hubo piedras, botellas y otros objetos arrojados, además de vehículos incendiados o vandalizados y efectivos heridos. La policía respondió con gases, balas de goma y camiones hidrantes. Los disturbios se extendieron durante horas y también alcanzaron el recinto del Senado

La votación general de la Ley Bases terminó empatada en 36 votos y fue definida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que apoyó la iniciativa

Por qué se rechazó la probation

La abogada de Ortiz, Myriam Espinoza, había pedido suspender el proceso y ofrecido una reparación económica de $250.000, junto con tareas comunitarias durante un año. También argumentó que el acusado no tenía antecedentes, poseía arraigo y trabajaba como vendedor ambulante

La fiscalía y el Senado, constituido como querellante, se opusieron al planteo. Sostuvieron que los hechos tuvieron gravedad institucional porque ocurrieron durante una sesión legislativa y pusieron en riesgo su continuidad

Hornos recordó que la oposición fiscal no obliga por sí sola a los jueces, pero entendió que en este caso los argumentos estaban fundados. También subrayó que el derecho a la protesta es esencial en democracia, aunque no ampara actos de violencia ni intimidación pública

Durante el operativo de aquel día hubo 33 detenidos. Finalmente, nueve personas fueron enviadas a juicio oral, entre ellas Ortiz. Con el fallo de Casación, quedó firme el rechazo de la probation y la discusión sobre su responsabilidad quedará ahora para el debate oral