Más de 50.000 personas cruzaron en 24 horas la frontera entre Marruecos y Ceuta, en una de las mayores entradas registradas en el enclave español. La avalancha dejó al menos 41 muertos por ahogamiento y desató una crisis política que ya se siente en Madrid y en varias capitales europeas
Una frontera al límite
Ceuta, un territorio de 20 kilómetros cuadrados y unos 85.000 habitantes, recibió en un solo día un volumen de llegadas equivalente a una parte enorme de su población. La mayoría de quienes entraron eran hombres jóvenes marroquíes, aunque también hubo ciudadanos argelinos y subsaharianos
Muchos cruzaron a nado, con trajes de neoprene o ayudados por flotadores, sorteando el vallado fronterizo y el dique de Tarajal. Hacia la tarde del viernes, las autoridades españolas informaron que unas 25.000 personas ya habían sido devueltas a Marruecos
Respuesta de Madrid
El gobierno español reforzó su presencia en la zona con 70 agentes adicionales de la Guardia Civil, que se sumaron a los 80 ya desplegados, y ordenó apoyo de las Fuerzas Armadas para sostener el control del territorio
Pedro Sánchez viajó a Ceuta y habló de una violación de la integridad territorial de España. Al mismo tiempo, atribuyó la llegada masiva a una interpretación interesada de una reciente decisión judicial que, según dijo, complica las expulsiones de quienes entran por mar y fue aprovechada por redes de tráfico
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se trasladó a la zona. En paralelo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió declarar una emergencia nacional y criticó la sentencia del Tribunal Supremo que afecta la reforma de la ley de extranjería y los retornos inmediatos de menores
Presión desde Europa
La Comisión Europea planteó reforzar el respaldo a España a través de Frontex y reclamó a Marruecos una reacción inmediata para frenar las salidas
Ursula von der Leyen calificó las imágenes de Ceuta como inaceptables y pidió detener los cruces, desmontar las redes de traficantes y acelerar los retornos dentro del marco legal vigente. Sánchez, por su parte, insistió en que su gobierno trabaja con Rabat para agilizar los expedientes y la repatriación
La reacción más sensible llegó desde Italia. Giorgia Meloni sugirió suspender la libre circulación entre España y el espacio Schengen, una idea recibida en Madrid como una provocación. El gobierno español convocó al embajador italiano
División entre capitales europeas
En Francia, la crisis alimentó el debate interno y llevó al gobierno a reforzar los controles en la frontera con España. En Finlandia, la ministra del Interior, Mari Rantanen, sostuvo que España había fallado en la defensa de la frontera exterior de Schengen y pidió respaldar la propuesta de Meloni
Ese bloque de críticas, impulsado sobre todo por gobiernos y fuerzas de derecha y extrema derecha, instaló la discusión sobre el futuro de Schengen, aunque una revisión de ese alcance parece improbable a corto plazo
Hipótesis en disputa
La crisis también abrió interpretaciones geopolíticas contrapuestas. Una apunta a un posible intento de presión de Marruecos tras el acercamiento entre Madrid y Argel. Otra recuerda el precedente de 2021, cuando Rabat aflojó el control fronterizo en medio de una tensión bilateral
Las autoridades españolas niegan que la relación con Marruecos esté deteriorada y subrayan que la coordinación migratoria sigue siendo estrecha. Rabat, a su vez, responsabiliza a redes criminales que habrían aprovechado el vacío legal en torno a las expulsiones
También aparece la lectura de una instrumentalización política por parte de fuerzas antiinmigración en Europa. No hay, sin embargo, indicios oficiales que permitan atribuir el origen de la crisis a una maniobra de extrema derecha o de Estados Unidos
El punto más delicado
Mientras Madrid acelera la expulsión de adultos, el problema más sensible es el de los menores no acompañados. La legislación española les ofrece protección, pero el PP y Vox buscan flexibilizar ese marco para permitir devoluciones más rápidas
Con los centros de acogida desbordados y el apoyo anunciado de Frontex, el gobierno de Sánchez apuesta a normalizar la situación por la vía de la cooperación con Marruecos. El choque político, sin embargo, ya quedó instalado dentro de España y en el resto de Europa