Desde el 30 de julio, la Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores en Ceuta, que han quedado a disposición de la administración regional, según los últimos datos del Ministerio del Interior
La cifra supone 270 más que en el último recuento comunicado por Fernando Grande-Marlaska, tras una reunión con responsables de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil en la que se insistió en priorizar la identificación de los menores
Recursos al límite
Para dar respuesta a la presión sobre el sistema de acogida, la ciudad autónoma ha habilitado nuevos espacios, entre ellos dos centros escolares, a petición del Ministerio de Juventud e Infancia. La medida busca aliviar la saturación de los recursos disponibles
Los menores permanecen en la ciudad a la espera de una solución, que puede pasar por su traslado a otras comunidades autónomas o, en algunos casos, por la repatriación a sus países de origen
Parte de ellos procede de países como Chad o Sudán, afectados por conflictos armados y crisis humanitarias. Organizaciones como Save the Children recuerdan que estos niños y adolescentes pueden solicitar protección internacional y advierten del riesgo añadido para las niñas, expuestas a matrimonios forzosos, trata o violencia sexual
La negociación política, en marcha
El Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial prevista para la próxima semana. En la reunión se abordará la reubicación de menores y la transferencia de 25 millones de euros para reforzar la atención en Ceuta
El reparto ha generado rechazo en los gobiernos autonómicos del Partido Popular, mientras que Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Infancia está gestionada por Vox, han optado por no participar en la reunión
La devolución, caso por caso
El retorno de menores a sus países de origen solo puede plantearse si un informe individualizado concluye que esa es la mejor opción para el menor
La ley prevé la reagrupación familiar, pero exige un análisis detallado de cada situación. También requiere que el menor manifieste su voluntad de regresar y que la Delegación del Gobierno recabe información sobre su entorno familiar en el país de origen
El procedimiento reconoce además el derecho del menor a ser escuchado, a contar con asistencia legal y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión. La normativa contempla incluso que quede bajo la protección de los servicios del país de origen si se acredita que allí estaría mejor atendido
El Tribunal Supremo ya declaró ilegal en 2021 la devolución masiva de menores a Marruecos tras la crisis migratoria de entonces por la falta de garantías y la ausencia de un estudio individualizado
Hasta 4.000 plazas en Ceuta
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado el despliegue de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, con 1.500 plazas iniciales ampliables hasta 4.000
Las instalaciones ya han empezado a montarse en la explanada de Loma Colmenar, la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano
Saiz explicó que la ocupación se decidirá según perfiles concretos, con atención especial a mujeres solas o mujeres con menores, y defendió una atención individualizada. También destacó el trabajo de Cruz Roja, Accem y CEAR, y anunció reuniones con estas entidades y con asociaciones vecinales para coordinar la respuesta
Frente a las críticas por la supuesta ausencia del Ejecutivo, aseguró que el Gobierno está presente de forma permanente en la ciudad. También señaló que se reparten unos 4.000 kits alimentarios al día, aunque admitió no disponer de una cifra exacta sobre cuántos migrantes permanecen en Ceuta
El presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, afirmó hace poco más de una semana que entre 8.000 y 11.000 personas seguían en la ciudad en situación administrativa irregular, un escenario que calificó de insostenible. Este lunes advirtió de que acudirá al Poder Judicial si persiste la pasividad del Gobierno central
Vivas sostiene que el Ejecutivo tiene medios suficientes para devolver la normalidad a la ciudad en 30 días, siempre que exista voluntad política. También pide movilizar a 50 funcionarios de Extranjería para tramitar expedientes de devolución, traslado o expulsión de los adultos que permanecen en Ceuta