BRUSELAS. Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Holanda anunciarán un acuerdo con Ruanda para crear los primeros centros de retorno destinados a migrantes expulsados de la Unión Europea. La iniciativa busca acelerar las deportaciones y desalentar la inmigración irregular, pero enfrenta críticas de organizaciones de derechos humanos
El plan contempla trasladar a territorio ruandés a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas de manera definitiva y que ya no tengan vías legales para permanecer en el bloque. El proyecto será presentado en Viena y forma parte de una estrategia europea más amplia para aumentar las expulsiones
La propuesta se apoya en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, que permite a los Estados miembros establecer centros fuera del territorio comunitario. Los gobiernos impulsores también enfrentan presiones políticas, en un contexto de elecciones próximas y creciente rechazo a la inmigración
Un piloto de 100 personas
Los primeros centros comenzarían a funcionar en 2027. La experiencia inicial sería limitada: cada uno de los cinco países enviaría unas 20 personas, probablemente hombres adultos interceptados en las fronteras y con sus pedidos de asilo rechazados definitivamente
El objetivo sería evaluar el traslado, resolver dificultades logísticas y jurídicas y atender eventuales problemas de salud. Las instalaciones no serían, según las negociaciones, centros de detención cerrados. Ruanda las define como centros de acogida y podría incorporar programas de formación profesional. La Organización Internacional para las Migraciones también podría prestar asistencia en el lugar
Las organizaciones humanitarias cuestionan las condiciones de recepción y la responsabilidad de los gobiernos europeos ante posibles abusos. El Consejo Danés para los Refugiados advirtió sobre las dificultades para garantizar mecanismos de protección y vías de reclamo. En julio, el Consejo de Europa señaló que este tipo de centros implicaba riesgos considerables para los derechos humanos
El antecedente de otros planes
La elección de Ruanda agrega otra controversia. El gobierno de Paul Kagame es acusado de reprimir la disidencia, restringir las libertades políticas y recurrir a detenciones arbitrarias. Freedom House clasifica al país como “no libre” y denuncia vigilancia, intimidación y tortura
Los defensores del mecanismo sostienen que la posibilidad de ser enviados a un tercer país podría disuadir a quienes pagan miles de euros a traficantes para llegar a Europa. Sus críticos responden que no hay pruebas suficientes de que el endurecimiento de los controles y las deportaciones reduzca la migración a largo plazo
Ruanda ya había acordado recibir hasta 250 migrantes expulsados de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. También fue elegida por Gran Bretaña para un plan de deportaciones que fue abandonado después de que el Tribunal Supremo británico lo declarara ilegal en 2023
En septiembre, dos eurodiputados visitaron en Kigali instalaciones preparadas para ese proyecto británico, que podrían utilizarse para recibir a personas trasladadas desde países de la UE. Si la prueba inicial funciona, los cinco gobiernos evalúan extender el mecanismo a otros países, entre ellos Uganda y Uzbekistán