El Congreso de Veracruz aprobó este miércoles el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con 40 votos a favor y ocho en contra. Con esta decisión, el edil perdió la protección constitucional del cargo y quedó en condiciones de enfrentar el proceso penal relacionado con el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez

La solicitud de declaración de procedencia fue presentada por la Fiscalía General del Estado, que lo investiga por su presunta participación como autor intelectual en los delitos de privación de la libertad y homicidio de la comunicadora. Guzmán Ramírez desapareció el 2 de junio en Nanchital y fue localizada sin vida semanas después

Durante la sesión extraordinaria, González Martínez no acudió a comparecer ante los diputados locales, aunque sí estuvo representado por su equipo legal. Tras la aprobación del dictamen, el Cabildo deberá llamar a la alcaldesa suplente, Juliana Ruiz Martínez, una vez que la resolución sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado y notificada formalmente al Ayuntamiento

La línea de investigación contra el alcalde

Según la carpeta de investigación, la autoridad ministerial sostiene que el alcalde habría ordenado el secuestro de la periodista por una supuesta molestia relacionada con una fotografía en la que presuntamente aparecía con un arma de fuego. Esa hipótesis forma parte de las diligencias que siguen abiertas

La defensa del alcalde rechazó los señalamientos y afirmó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación. También sostuvo que el retiro del fuero no implica una condena ni una detención automática, sino únicamente la posibilidad de que la Fiscalía continúe el procedimiento sin la inmunidad constitucional del cargo

Los abogados señalaron además que González Martínez sigue en calidad de investigado y que, hasta ahora, no ha sido imputado ante un juez. Añadieron que enfrentará el proceso conforme a derecho y que las acusaciones tienen un trasfondo político

Ocho personas ya fueron procesadas

La investigación por el caso Roxana Guzmán ya derivó en otros avances judiciales. Ocho personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el secuestro y homicidio de la periodista

Entre ellas hay cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo y cuatro exelementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, incluido un comandante. Todos permanecen bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal

Las autoridades estatales informaron que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia, investigaciones ministeriales y operativos coordinados entre corporaciones de seguridad. Las indagatorias siguen abiertas para determinar la responsabilidad de todos los involucrados

Un caso que marcó a Veracruz

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio en Nanchital. El hecho quedó registrado en video y generó indignación

Tras varias semanas de búsqueda, la Fiscalía confirmó el 3 de julio la localización de su cuerpo y anunció la captura de ocho presuntos responsables. En los días posteriores a su desaparición, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron intensificar los operativos para encontrarla con vida

Sus padres mantuvieron el llamado público a las autoridades mientras conservaban la esperanza de hallarla con vida. Más tarde, familiares y compañeros le dieron el último adiós en Nanchital, donde reiteraron la exigencia de justicia

Lo que sigue en el proceso

Con el desafuero aprobado, la Fiscalía podrá solicitar ante un juez las medidas que considere procedentes, incluida una eventual orden de aprehensión, siempre que cuente con los elementos legales necesarios

El caso se ha convertido en uno de los procesos de mayor impacto político y judicial en Veracruz este año, al involucrar a un alcalde en funciones y el homicidio de una periodista. La investigación sigue abierta y serán las autoridades judiciales las encargadas de definir las responsabilidades penales conforme avance el expediente