Inmigrantes, universidades, sindicatos y organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) por dos políticas adoptadas durante este año

La acción fue presentada el 5 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Entre los demandantes figuran la American Association of University Professors, universitarios de Harvard y Boston, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y personas que actualmente tramitan su ajuste de estatus

Las políticas migratorias cuestionadas

Uno de los reclamos apunta contra la directiva PM-602-0199, publicada el 21 de mayo. Según la coalición, el Uscis comenzó a tratar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos como una alternativa excepcional, en lugar de considerarlo una vía habitual prevista por la legislación migratoria

La política establece que, en ciertos casos, la decisión de permanecer en el país para solicitar la residencia puede ser evaluada de manera negativa. Para revertir esa presunción, el solicitante debería demostrar circunstancias que la compensen. La medida contempla criterios específicos para personas con visas de doble intención, refugiados y asilados

La segunda disposición impugnada es la política de denegación PA-2026-05, publicada el 5 de agosto. Esta norma permite rechazar determinadas solicitudes sin emitir antes una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención de Denegar

La demanda también cuestiona que esos criterios puedan aplicarse a expedientes que ya estaban pendientes cuando las nuevas pautas comenzaron a regir

Los argumentos legales de la coalición

Los demandantes sostienen que el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedieron las facultades otorgadas por el Congreso a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)

De acuerdo con su interpretación, la sección 245 de esa ley permite presentar determinadas solicitudes de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, pero no habilita al Poder Ejecutivo a establecer una penalización general para quienes utilizan ese procedimiento

Otro eje del planteo se relaciona con la Ley de Procedimiento Administrativo. La coalición afirma que las políticas debieron someterse a un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos, debido a que producen efectos similares a los de una norma sustantiva

Además, acusa al gobierno de apartarse de precedentes administrativos y de no evaluar el impacto de los cambios sobre quienes presentaron sus solicitudes bajo las reglas anteriores

La acción judicial también plantea una posible vulneración del debido proceso. Según los demandantes, la aplicación retroactiva de los nuevos criterios podría derivar en rechazos sin que los afectados tengan la posibilidad de presentar documentación adicional para responder a las exigencias

El riesgo de tener que completar el trámite en el exterior

Uno de los principales motivos de preocupación es que algunas personas deban abandonar Estados Unidos para completar el proceso mediante el consulado. Los demandantes advierten que esa situación podría provocar separaciones familiares, pérdida de empleos e interrupciones en carreras profesionales

La salida del país también podría activar restricciones de reingreso vinculadas con períodos de presencia no autorizada. A esto podrían sumarse demoras consulares, limitaciones para viajar, suspensión de la emisión de visas o trámites administrativos adicionales

Según la demanda, esas circunstancias podrían mantener a los solicitantes fuera de Estados Unidos durante un período indeterminado. El impacto señalado incluye a cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses, beneficiarios de programas migratorios y profesionales como médicos, profesores, ingenieros e investigadores

Qué pide la demanda

La coalición solicitó que el tribunal declare ilegales las dos políticas y suspenda su aplicación mientras avance el litigio. También pidió que sean anuladas de manera permanente y que el Uscis procese los casos conforme a las normas y los precedentes que los demandantes consideran vinculantes

Además, reclamó el pago de los costos y honorarios derivados del proceso