El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que las personas que permanecen de forma irregular en el país ya no pueden abordar vuelos internos, salvo en casos vinculados con una salida voluntaria del territorio estadounidense. El mensaje apareció en paralelo al refuerzo de las operaciones del ICE en aeropuertos y a un mayor intercambio de información con la Administración de Seguridad en el Transporte

La nueva línea oficial se apoya en una colaboración más estrecha entre la TSA y el ICE. Según el esquema actual, personal de seguridad aeroportuaria remite datos y alertas sobre determinados pasajeros, lo que permite a los agentes migratorios identificar a personas que el gobierno considera sujetas a expulsión antes de intervenir

Un control más amplio en las terminales

El alcance de esos operativos ya no se limita a personas con condenas penales o vinculadas con amenazas para la seguridad pública. También abarca posibles infracciones civiles de inmigración, como visas vencidas, y puede incluir casos de personas con trámites pendientes o permisos de trabajo, aunque todavía no tengan residencia legal permanente

Antes de esta expansión, las acciones coordinadas entre ambas agencias se concentraban en investigaciones más sensibles, como delitos federales, tráfico de drogas o trata de personas. En mayo de 2025, ambas partes firmaron un acuerdo para reforzar el intercambio de información sobre viajeros, lo que modificó la práctica previa en los vuelos dentro del país

La presión para acelerar arrestos

Una fuente del ICE describió a los aeropuertos como un entorno especialmente accesible para este tipo de procedimientos, porque concentran itinerarios, datos previos y espacios controlados. En ese marco, la Casa Blanca también empuja una política de mayores detenciones. La meta fijada para el ICE es llegar a 2000 arrestos diarios, y las terminales aéreas aparecen como una vía directa para acercarse a ese objetivo

Con este cambio, viajar dentro de Estados Unidos puede volverse un riesgo adicional para quienes no tienen un estatus migratorio consolidado y están bajo revisión de las autoridades federales