QUITO. La Justicia de Ecuador ordenó este viernes la prisión preventiva de Luisa González, excandidata presidencial de izquierda, en una causa por presunto lavado de activos vinculado con el financiamiento de su campaña electoral de 2023

González, de 48 años, había sido detenida el jueves para una audiencia de formulación de cargos. La investigación busca determinar el origen de unos 500.000 dólares destinados a publicidad electoral

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía. No se detallaron las razones de la prisión preventiva, que se dicta mientras avanza la investigación y antes de una eventual condena

Durante la audiencia, González se declaró “perseguida política” por el gobierno de Daniel Noboa. También afirmó que está dispuesta a colaborar con la Justicia y reclamó un trato justo

La dirigente sostuvo que ya fue allanada en dos ocasiones y que, pese a haber salido varias veces del país, siempre regresó a Ecuador

Una investigación que alcanza a dirigentes políticos

La causa, denominada Laberinto, analiza el origen de los recursos utilizados en la campaña presidencial anticipada de 2023. José Julio Neira, secretario general de la Administración y colaborador cercano de Noboa, afirmó que una de las hipótesis apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela

Según esa hipótesis, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y empresas vinculadas con él también estarían involucrados en la trama. Álvarez se encuentra detenido y fue condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado y por retirarse un dispositivo electrónico de vigilancia

El juez también ordenó la prisión preventiva del exlegislador Santiago Díaz, tesorero de la campaña, y de Wendy Onofre, dirigente de un movimiento político aliado. Díaz ya cumple otra condena

Para Estefanía Molina, integrante de la oficina de Díaz, dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salir del país

Antecedentes electorales y tensión política

González perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023, cuando obtuvo el 48% de los votos, y volvió a competir contra él en 2025. En esa elección quedó a unos 11 puntos porcentuales de distancia

La excandidata pertenece a Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. La organización fue inhabilitada este año por una investigación por presunto lavado de activos y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para fines de noviembre

González tampoco pudo presentarse como candidata a la prefectura de Manabí. Un tribunal electoral rechazó su postulación luego de objeciones planteadas por ADN y Creo

La organización Human Rights Watch expresó preocupación por el caso y por un proceso electoral marcado, según indicó, por cambios de fecha, cancelaciones y suspensiones de partidos

En una carta difundida en sus redes sociales, González afirmó que enfrenta 19 procesos judiciales y pidió a sus simpatizantes rechazar a los candidatos oficialistas en los próximos comicios