Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a dos policías de Cali investigados por presuntamente exigirle $5 millones a un ciudadano para no ejecutar una orden de captura relacionada con un caso de receptación

Los procesados son el subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y la patrullera Diana Marcela Castro Reina, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público

La supuesta exigencia de dinero

Según la investigación, los uniformados habrían intimidado al ciudadano con la posibilidad de detenerlo y le habrían planteado el pago como condición para no realizar el procedimiento

La Fiscalía sostiene que, después de recibir el dinero, los agentes habrían incorporado información falsa en documentos oficiales relacionados con el caso

El expediente señala que el vehículo involucrado había sido retenido legalmente el 3 de mayo de 2025. Sin embargo, los policías presuntamente elaboraron informes en los que afirmaron que el automotor había sido encontrado abandonado

Captura y medida de aseguramiento

La captura de los dos uniformados se realizó el 10 de septiembre en la estación de Policía Los Mangos, ubicada en el oriente de Cali. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional

Durante las audiencias, un fiscal de la Seccional Cali presentó los elementos reunidos y formuló la imputación. El juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso

La detención preventiva no constituye una condena. Ambos policías mantienen la condición de procesados y su responsabilidad penal deberá establecerse mediante el debido proceso

Los delitos investigados

La concusión se configura cuando un servidor público, aprovechando su cargo o funciones, exige o induce a otra persona a entregar dinero o una utilidad indebida. En este caso, la Fiscalía relaciona ese delito con la supuesta amenaza de hacer efectiva la captura

La falsedad ideológica en documento público se refiere a la incorporación de información que no corresponde con la realidad en documentos oficiales. La acusación sostiene que esa conducta habría ocurrido en los informes sobre la retención del vehículo

El proceso continuará con las actuaciones necesarias para establecer la participación individual de cada uniformado y determinar si las pruebas respaldan las imputaciones ante la justicia

Los delitos contra la Administración Pública pueden contemplar penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. La sanción depende del tipo penal, la cuantía, el daño causado, la modalidad de la conducta y los agravantes previstos en la ley