El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas sobre los programas de visas H-1B y J-1 en Estados Unidos. La decisión suspendió a ocho empresas del Programa de Certificación Laboral Permanente (PERM) e impulsó investigaciones sobre nueve universidades

Las empresas alcanzadas por la suspensión del PERM

El Departamento de Trabajo (DOL) informó que no aceptará nuevas solicitudes ni procesará expedientes pendientes de Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies y Capgemini

El vicepresidente JD Vance acusó a las compañías de utilizar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses. Según sostuvo, algunas empresas publican ofertas con escasa difusión y luego alegan que no encontraron candidatos locales para justificar la contratación de extranjeros

Las autoridades atribuyeron la medida a presuntos abusos del sistema. Sin embargo, la suspensión no prohíbe a las empresas contratar trabajadores extranjeros ni invalida automáticamente las visas H-1B de sus empleados

Qué efecto tiene la medida sobre las visas H-1B

La decisión afecta un procedimiento vinculado con el acceso a la residencia permanente por empleo. Antes de presentar determinadas solicitudes migratorias, las empresas deben obtener una certificación laboral que demuestre la falta de trabajadores estadounidenses disponibles, calificados y dispuestos a ocupar el puesto

Los empleadores también deben acreditar que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de otros trabajadores con funciones similares. Una vez aprobada la certificación, pueden presentar el formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), dentro de un plazo de 180 días

El PERM es distinto del programa H-1B, destinado a trabajadores extranjeros especializados con empleos temporales. Por eso, la suspensión no revoca las visas H-1B existentes ni las tarjetas de residencia ya otorgadas, aunque puede dificultar el avance hacia la residencia permanente de quienes dependen del patrocinio de las empresas señaladas

El caso de Microsoft

Microsoft quedó en el centro de los cuestionamientos. Vance afirmó que la compañía despidió a 6000 trabajadores estadounidenses durante el año anterior, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 tarjetas de residencia

El vicepresidente sostuvo que esas cifras reflejaban un reemplazo de empleados estadounidenses por extranjeros con condiciones laborales menos favorables. Microsoft rechazó esa interpretación y explicó que cerca del 80% de sus solicitudes H-1B del último año fiscal correspondieron a extensiones o modificaciones del estatus de empleados que ya trabajaban en la empresa

La compañía agregó que el resto de las peticiones correspondió a personas que ya residían legalmente en Estados Unidos y decidieron incorporarse a la firma. Ese grupo representaba aproximadamente el 1% de su fuerza laboral estadounidense. Microsoft también aseguró que paga a los trabajadores H-1B lo mismo que a otros empleados con funciones comparables

La disputa se suma a otras medidas sobre el programa migratorio. Trump intentó establecer una tarifa de 100.000 dólares para determinadas solicitudes, pero la medida enfrentó un revés judicial relacionado con el cobro de la visa H-1B

Las universidades investigadas por el uso de visas J-1

La segunda parte del anuncio alcanza a instituciones académicas estadounidenses. El gobierno investiga un posible uso indebido de las visas J-1, destinadas a programas de intercambio educativo, laboral y de investigación

  • Universidad de Harvard
  • Universidad de Yale
  • Universidad de Stanford
  • Universidad de Brown
  • Universidad de Pittsburgh
  • Universidad de California en Davis
  • Instituto Tecnológico de California (Caltech)
  • Universidad Estatal de Arizona
  • Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Vance afirmó que estas universidades utilizan el programa en proporciones superiores a las de otras instituciones y consideró necesario revisar esas prácticas. El inspector general del DOL, Anthony D’Esposito, indicó que ya se emitieron citaciones

Las investigaciones buscarán determinar si hubo abusos migratorios, relaciones financieras indebidas o influencia extranjera sobre investigaciones financiadas con fondos federales

Stanford manifestó que cooperará con las autoridades. La Universidad de California en Davis expresó su disposición a trabajar con el gobierno para confirmar el cumplimiento de las normas. MIT, Brown y Pittsburgh informaron que recibieron citaciones y comenzaron a revisarlas, mientras que Yale señaló que analizará los documentos cuando los reciba