El Departamento de Justicia de Estados Unidos afronta una nueva etapa de control legislativo después de que los demócratas obtuvieran amplias ganancias en el Congreso
Durante casi dos años, la institución actuó con escasa resistencia del Congreso republicano mientras impulsaba investigaciones contra adversarios de Donald Trump, despedía a empleados de carrera y defendía posiciones del Gobierno que varios jueces consideraron legalmente dudosas
Un pulso con herramientas limitadas
Los demócratas prevén investigar esas actuaciones y otras decisiones del Departamento de Justicia. Sin embargo, su mayoría no garantiza la cooperación republicana. Las demandas pueden prolongarse durante años, las citaciones son difíciles de hacer cumplir y las remisiones por desacato penal terminarían ante el mismo Departamento de Justicia de la administración Trump
El fiscal general Todd Blanche afirma que la institución colaborará con el Congreso, pero sostiene que no abandonará la agenda del presidente. En una conversación con fiscales federales, su principal asesor, Aakash Singh, pidió prepararse para trabajar en condiciones de “tiempo de guerra”. El Departamento de Justicia dijo que esa expresión se refería a la seguridad pública
Investigaciones y salidas en la cúpula
Los demócratas han señalado investigaciones contra antiguos aliados y adversarios percibidos por el presidente. Entre ellas figuran un intento fallido de obtener una acusación contra Cassidy Hutchinson, la aceleración de una investigación sobre la congresista Ilhan Omar, un nuevo caso penal contra el exdirector del FBI James Comey y una denuncia contra dos antiguos funcionarios del FBI que un juez desestimó rápidamente
Tras las elecciones, los responsables confirmados por el Senado de las divisiones de Seguridad Nacional, Civil y Derechos Civiles anunciaron sus renuncias. Esas áreas tendrán dirigentes interinos y podrían quedar sin titulares confirmados por el Senado ante la nueva mayoría demócrata
Antiguos funcionarios advierten que la falta de responsables confirmados podría provocar inacción y dificultar la toma de decisiones complejas. El Departamento de Justicia asegura, en cambio, que confía plenamente en quienes asumirán temporalmente el liderazgo y que su misión no ha cambiado: hacer cumplir la ley, combatir el delito y proteger a la población
Advertencias cruzadas entre el Gobierno y el Congreso
La Casa Blanca ya se opuso a las investigaciones previstas y calificó esas iniciativas como una posible conducta delictiva. Trump acusó a los demócratas de extorsión y ordenó al fiscal general abrir una investigación
El fiscal federal principal de Houston también envió una carta al senador Richard Blumenthal por su consulta sobre la financiación del salón de baile de la Casa Blanca. Le pidió conservar todos los documentos relacionados y lo acusó de intimidar a ciudadanos. Blumenthal respondió que no se dejaría intimidar
Blanche afirmó que no existen investigaciones abiertas sobre la retórica de los demócratas y reconoció que advertir sobre futuras pesquisas no constituye un delito. Aun así, expresó preocupación por las que describió como amenazas contra la administración
El enfrentamiento se suma a una larga historia de choques entre el Congreso y el Departamento de Justicia. La Cámara de Representantes declaró en desacato al fiscal general Eric Holder en 2012, y los demócratas impulsaron una medida similar contra William Barr en 2019
La diferencia actual, según funcionarios y antiguos responsables citados en el debate, es la combinación de una mayoría legislativa opositora, investigaciones pendientes, salidas de altos cargos y una dirección que promete intensificar su defensa de las prioridades presidenciales