La situación de los jueces federales de Córdoba Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi avanzó este miércoles en el Consejo de la Magistratura, que resolvió notificarles formalmente para que ejerzan su defensa en un plazo de 20 días

La decisión abre una instancia que podría derivar en medidas más severas, incluso en el pase de las actuaciones a la Comisión de Acusación, donde se tramitan los expedientes de mayor gravedad institucional

Una investigación que combina varias acusaciones

Los magistrados están señalados por presuntas maniobras para direccionar causas, incompatibilidades derivadas de su vínculo de pareja, presiones sobre personal judicial, violencia laboral, enriquecimiento ilícito y un accidente vial protagonizado por Sánchez Torres

En paralelo, se investiga un segundo expediente por la presunta aceptación de dádivas vinculadas con un viaje en avión privado a Punta del Este, realizado por ambos junto a dos empresarios

Durante la reunión del Consejo, el consejero Luis Juez sostuvo que el caso tiene una gravedad institucional que no puede ser ignorada y advirtió que el trámite podría terminar en la Comisión de Acusación

El pedido de procesamiento

Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian pidieron el procesamiento de Sánchez Torres y Montesi

Según la acusación, ambos habrían coordinado de manera irregular la integración de salas del tribunal para intervenir juntos en la causa conocida como “Bunge”, en la que estaba imputado el titular del directorio de Bunge Argentina S.A., Raúl Alfredo Padilla

La fiscalía sostiene que la jueza Montesi incorporó a Sánchez Torres como tercer integrante de la Sala A cuando, de acuerdo con el régimen de subrogancias, la intervención correspondía a la jueza Liliana Navarro

Para los investigadores, no se trató de un error de interpretación sino de una decisión deliberada para asegurar una resolución unánime y apartar a Navarro del expediente

Una maniobra similar, pero en sentido inverso, se habría repetido luego en la causa “Humanes”. Allí, Sánchez Torres dispuso sumar a Montesi para resolver el caso y ordenó a la secretaria penal Celina Laje Anaya que certificara la integración de la sala

La funcionaria se negó por considerar que la medida era ilegal. Más tarde, Sánchez Torres firmó un decreto para imponer esa conformación, aunque la decisión quedó sin efecto cuando Navarro advirtió por escrito la irregularidad en el expediente

La denuncia por violencia laboral

La negativa de la secretaria habría derivado, según la fiscalía, en una represalia contra ella

Sánchez Torres fue imputado por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, al atribuirle un hostigamiento laboral sostenido que afectó la salud física y mental de la funcionaria

Testigos de la Cámara relataron episodios de gritos, descalificaciones frente a otros empleados y una sobrecarga de tareas para desbordar a la secretaria

La causa describe crisis de pánico, taquicardia, caída del cabello, temblores y desvanecimientos. En abril, especialistas le indicaron reposo inmediato, medicación y una licencia psiquiátrica que se extendió por más de un mes

Según la acusación, la situación continuó después de esa licencia. Durante el receso de invierno, la funcionaria fue reincorporada antes del vencimiento de su carpeta médica y encontró su despacho cerrado, sin tareas ni computadora

Por estos hechos, los fiscales entendieron que hay elementos para procesar a Montesi y Sánchez Torres como coautores de abuso de autoridad y pidieron además la detención domiciliaria de Sánchez Torres, aunque esa medida no puede ejecutarse mientras conserve sus fueros

El viaje privado bajo sospecha

La otra línea de investigación apunta a un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024 en un avión privado con matrícula LV-WTP, desde Córdoba a Punta del Este y regreso

Los fiscales sostienen que el traslado, valuado en unos 34.000 dólares, se hizo sin costo aparente para los jueces y que participaron también María Pía Astori, del Grupo Astori, y Guillermo Alberto Assales, presidente de una firma del mismo grupo

Según la pesquisa, antes y después de ese vuelo los magistrados intervinieron en expedientes con impacto económico para Porta Hnos. S.A. y el Grupo Astori

En ese marco, Montesi habría votado en disidencia contra un estudio de impacto ambiental exigido a la empresa, y más tarde ambos fallaron a favor de Porta Hnos. en una causa contencioso-administrativa