La promesa de orden volvió a ganar peso en la política latinoamericana. Desde Keiko Fujimori hasta Abelardo de la Espriella, varios candidatos de derecha han capitalizado una preocupación que ya domina la agenda pública en casi toda la región: la inseguridad

En ese clima, el modelo de Nayib Bukele se convirtió en referencia. Sus cárceles de máxima seguridad y el estado de excepción que concentró poder y permitió detenciones masivas alimentaron una ola de propuestas de mano dura. Pero la experiencia salvadoreña también dejó una advertencia: la baja del delito tuvo un costo institucional muy alto y no ha sido fácil de reproducir en otros países

Una fórmula difícil de copiar

Ecuador es una de las primeras señales de ese límite. Daniel Noboa recurrió a estados de excepción, militarizó las calles y levantó una cárcel de máxima seguridad. Aun así, la violencia siguió en ascenso y el país llegó en 2025 a una tasa récord de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes

Especialistas en crimen organizado advierten que hablar de una copia directa del modelo Bukele es exagerado. Muchas de las medidas que se presentan en la región funcionan más como recursos electorales: son visibles, generan impacto inmediato y prometen resultados rápidos, pero no siempre forman parte de una estrategia integral

El fondo del problema, sostienen, sigue siendo la corrupción y la impunidad dentro del propio Estado

Además, en El Salvador hubo un factor decisivo que rara vez aparece en los discursos públicos: negociaciones del gobierno con cúpulas pandilleras que, según distintas investigaciones, ayudaron a reducir los homicidios incluso antes del régimen de excepción

Chile y el riesgo de estirar las reglas

Chile y Costa Rica, durante años vistos como democracias ejemplares en la región, hoy ilustran hasta dónde puede llegar la presión por endurecer las reglas institucionales en nombre de la seguridad

En Chile, el estallido social de 2019 y los años siguientes trajeron inestabilidad y un salto de la violencia. En ese contexto emergió José Antonio Kast, que hizo de la recuperación del orden el eje de su discurso y consolidó su llegada al poder con una visita a El Salvador

Ya en el gobierno, Kast chocó con el desgaste político y ahora volvió a apostar fuerte por la seguridad. Primero impulsó un traslado de presos inspirado en Bukele y después presentó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, capaz de restringir libertades de tránsito, reunión, asociación e interceptar comunicaciones sin control judicial previo

La iniciativa abrió una discusión intensa dentro y fuera de su bloque. La crítica central es que el presidente invoca la democracia para debilitar su costado liberal. Sin embargo, el obstáculo más serio parece ser otro: según encuestas recientes, una amplia mayoría rechaza el proyecto en su formato actual

Costa Rica y la erosión del consenso

En Costa Rica, la percepción ciudadana es más ambigua. Durante décadas, el país fue una excepción regional por su estabilidad institucional y la ausencia de fuerzas armadas, pero desde 2020 la tasa de homicidios creció 50% en un contexto de avance del narcotráfico sudamericano y uso de puertos locales como puntos de transbordo

La frustración abrió paso a Rodrigo Chaves, que llegó al poder con un discurso contra la corrupción y luego tensionó al Poder Judicial, a los medios y a la oposición. También defendió replicar el enfoque salvadoreño y promovió una cárcel de máxima seguridad similar a la de Bukele

Su heredera política, Laura Fernández, profundizó esa línea y colocó a Chaves en un rol central dentro del gobierno. Críticos y opositores sostienen que el objetivo es debilitar al único poder del Estado que no controlan y reducir los contrapesos democráticos

Fernández niega que exista una “bukelización”, aunque insiste en la continuidad de la mano dura. En una región con el recuerdo aún vivo del deterioro institucional de Venezuela, el debate sobre seguridad y libertades parece entrar en una fase más delicada