Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, fue trasladada a un hospital después de que fracasara el intento de ejecutarla mediante una inyección letal. Tras recibir dos jeringas de pentobarbital, la mujer, de 50 años, permaneció bajo medidas de emergencia en una clínica
Pike fue sentenciada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años. Su ejecución estuvo precedida por una extensa disputa legal y se convirtió en el segundo procedimiento fallido de este tipo registrado en Tennessee durante el año
En mayo, las autoridades habían suspendido la ejecución de Tony Carruthers, condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, porque el personal penitenciario no logró encontrar una vena para administrar la dosis
Una práctica cada vez más cuestionada
Desde 1976, cuando la Corte Suprema levantó la prohibición temporal de la pena capital, Estados Unidos ejecutó a 1.683 personas. Solo 18 fueron mujeres, cerca del 1% del total
En 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones, la cifra anual más alta desde 2009 y un aumento considerable frente a las 25 del año anterior. Al mismo tiempo, el respaldo ciudadano a la pena de muerte cayó a su nivel más bajo en cinco décadas: el 52% la apoyó y el 44% se manifestó en contra
La pena capital continúa vigente en 27 estados, además del sistema federal y la justicia militar. California, Ohio, Oregón y Pensilvania mantienen suspendidas las ejecuciones, mientras que otros estados no aplican este castigo desde hace años. Florida concentró 19 ejecuciones en 2025, aproximadamente el 40% del total nacional
La inyección letal y la escasez de fármacos
La inyección letal representa el 89% de las ejecuciones realizadas desde 1976. Aunque todos los estados que actualmente ejecutan presos contemplan este método, varios también autorizan alternativas
Durante años se utilizó una combinación de tres sustancias: un anestésico o sedante, un agente paralizante y cloruro de potasio para detener el corazón. La oposición de las compañías farmacéuticas y las restricciones europeas a la exportación redujeron la disponibilidad de esos productos
Como alternativa, muchos estados adoptaron el pentobarbital como único fármaco. En dosis elevadas, este barbitúrico suprime la actividad cerebral y la respiración. También se empleaba como sedante, para controlar convulsiones y en procedimientos veterinarios
La escasez llevó a varios estados a recurrir a farmacias de formulación magistral, que preparan medicamentos a medida y tienen controles diferentes a los de los grandes fabricantes. Además, algunas leyes protegen la identidad de los proveedores, por lo que el origen de las sustancias permanece oculto
La dificultad para conseguir los fármacos impulsó la búsqueda de nuevas combinaciones y, según sus críticos, provocó ejecuciones prolongadas con signos de dolor y sufrimiento. También elevó los costos y generó suspensiones en distintos estados
El regreso de métodos alternativos
La horca no se utiliza en ningún estado desde 1996, cuando Delaware ejecutó a Billy Bailey. Nuevo Hampshire la mantuvo como último recurso hasta abolir la pena de muerte en 2019, aunque la derogación no se aplicó de forma retroactiva a un preso que aún permanece condenado
La electrocución, antes predominante, es ahora poco frecuente. Nueve estados la autorizan y Carolina del Sur la estableció como método predeterminado. Desde 1976 se realizaron 163 ejecuciones en la silla eléctrica, pero solo 19 ocurrieron después del año 2000. La última se registró en Tennessee, en 2020
Los pelotones de fusilamiento también volvieron a ocupar un lugar en la legislación. Carolina del Sur reanudó este método en 2025 y, en julio de 2026, Idaho lo convirtió en su principal alternativa ante las dificultades para obtener los fármacos de la inyección letal
Alabama realizó en 2024 la primera ejecución mediante hipoxia por nitrógeno. Luisiana aplicó el mismo procedimiento en marzo de 2025. El método obliga al condenado a respirar nitrógeno puro hasta privarlo de oxígeno, una práctica que sus defensores consideran viable y que sus detractores cuestionan por sus riesgos éticos y la falta de experiencia acumulada
Un cambio en la política federal
Las autoridades federales ampliaron los métodos disponibles para incluir pelotones de fusilamiento, asfixia con gas y electrocución. El objetivo declarado fue reforzar la pena capital, disuadir delitos graves y ofrecer una respuesta a las familias de las víctimas
Durante el gobierno de Joe Biden se había establecido una moratoria para la mayoría de las ejecuciones federales. Antes de dejar el cargo, el presidente conmutó las penas de 37 de los 40 condenados a muerte en el ámbito federal
Donald Trump, defensor histórico de la pena capital, ordenó al Departamento de Justicia reanudar la solicitud de ejecuciones al regresar a la presidencia, en enero de 2025
Las objeciones de los críticos
Los opositores sostienen que los fallos en las inyecciones y la dificultad para obtener los fármacos ponen en duda que las ejecuciones puedan realizarse de manera humanitaria
Las impugnaciones judiciales suelen centrarse en la posibilidad de que ciertos protocolos provoquen dolor innecesario y vulneren la prohibición constitucional de los castigos crueles e inusuales
También se cuestiona la falta de transparencia sobre el origen y la calidad de las sustancias. Para algunos críticos, las consecuencias alcanzan además a los guardias, médicos, funcionarios y testigos que participan en los procedimientos, quienes pueden cargar durante años con efectos psicológicos