El gobierno de Donald Trump confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no desplegará agentes para vigilar los centros de votación durante las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre de 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró, sin embargo, que la presencia de oficiales no está completamente descartada. Podrían intervenir si existiera una amenaza concreta para la seguridad pública o si debieran ejecutar una orden de arresto contra una persona específica

Cuándo podría intervenir el ICE

La posición oficial sostiene que no se preparan operativos migratorios dirigidos en establecimientos electorales. Esta definición retoma una postura expresada meses atrás, cuando el DHS negó que planeara instalar agentes en los lugares de votación

El secretario del organismo, Markwayne Mullin, señaló que los oficiales no estarán en los centros electorales salvo que una amenaza requiera su presencia. La eventual intervención quedaría limitada a situaciones excepcionales y no a tareas rutinarias de control migratorio

Las restricciones para agentes armados

La legislación federal establece límites para el despliegue de personal armado en los establecimientos electorales. Una norma vigente desde la Guerra Civil prohíbe la presencia de tropas u hombres armados, excepto cuando sea necesario repeler a enemigos armados de Estados Unidos

Especialistas en derecho electoral advirtieron que el ingreso de agentes armados podría provocar acciones judiciales inmediatas. También cuestionaron que las excepciones planteadas por el DHS permitan desarrollar tareas policiales habituales dentro de los centros de votación

Una demanda contra la presencia del ICE

El 7 de octubre, la organización Common Cause amplió una demanda contra la administración Trump. La presentación incorporó nuevos argumentos legales, demandantes y acusados

El condado de Hennepin, en Minnesota, se sumó a LULAC, Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver, Colorado. Los demandantes añadieron un reclamo basado en la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a las personas durante los procesos electorales

Las organizaciones pidieron a la Justicia que haga cumplir las protecciones federales frente a una posible intervención de agentes armados en los comicios

El temor entre los votantes latinos

Representantes de organizaciones latinas señalaron que incluso una aparición aislada del ICE podría desalentar la participación electoral. La preocupación alcanza tanto a quienes carecen de estatus legal como a ciudadanos estadounidenses con familiares en esa situación

También advirtieron que la difusión rápida de una noticia sobre un operativo en redes sociales podría afectar a votantes de otras localidades, aunque el procedimiento se limitara a un solo establecimiento

Investigaciones por presunto voto de extranjeros

El debate coincide con las investigaciones del ICE sobre la posible participación electoral de personas que no tienen ciudadanía estadounidense

Mullin afirmó que el DHS mantenía 1620 investigaciones abiertas y que había realizado más de 151 arrestos por presuntas infracciones relacionadas con el voto de personas no ciudadanas

Programas de protección para las elecciones

Distintas organizaciones preparan observadores para supervisar el proceso electoral y orientar a los votantes sobre sus derechos. Algunos ciudadanos expresaron temor debido a antecedentes de detenciones de estadounidenses o a sus vínculos familiares con personas sin estatus legal

El programa VoteSafe también prevé acciones para reforzar la confianza en comunidades con una importante presencia de minorías. Las actividades se desarrollarán en Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio, estados con contiendas competitivas por el Senado

La iniciativa contempla la participación de referentes comunitarios para brindar información y reducir el temor de los electores a encontrarse con agentes armados durante la jornada