La incorporación de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles, conocida como Escudo de las Américas, reordenó el debate sobre la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El acuerdo fue suscrito en Panamá por el ministro de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Mora, y abre la puerta a una cooperación más estrecha con Estados Unidos frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional

La decisión también volvió a poner sobre la mesa una discusión de fondo: qué tipo de documento se firmó, qué alcance real tiene y si exige trámite ante el Congreso. En paralelo, sectores políticos y sociales advirtieron sobre eventuales riesgos para la soberanía nacional

Qué dice la lectura jurídica

Para el profesor Sergio Andrés Morales Barreto, de la Universidad de La Sabana, cooperar con otro Estado no implica por sí mismo renunciar a la soberanía. A su juicio, el punto central es determinar la naturaleza jurídica del instrumento suscrito, quién estaba habilitado para firmarlo y qué efectos produce dentro del orden interno

Morales plantea tres escenarios posibles. El primero es que se trate de un memorando de entendimiento, es decir, un texto que fija propósitos y líneas de acción, pero no crea obligaciones exigibles ni autoriza operaciones militares, tránsito de tropas o uso de la fuerza

La segunda opción es un acuerdo simplificado, válido sin nueva aprobación parlamentaria solo si desarrolla compromisos ya existentes en tratados vigentes. Si introduce obligaciones nuevas, debe tramitarse como tratado

Como antecedente, el académico recordó el acuerdo firmado en 2009 durante el gobierno de Álvaro Uribe sobre el acceso de personal militar estadounidense a bases colombianas. Aunque fue presentado como un acuerdo simplificado, la Corte Constitucional concluyó que incorporaba obligaciones nuevas y requería control constitucional y aprobación del Congreso

La tercera posibilidad es que el documento sea, en la práctica, un tratado internacional. En ese caso, la firma del Ejecutivo no bastaría: se requerirían aprobación legislativa, control previo de constitucionalidad y consentimiento del Estado. Además, si lo suscribió el ministro de Defensa, debe verificarse si contaba con los poderes necesarios para hacerlo

Tránsito de tropas no es lo mismo que combate

Morales también subrayó una diferencia clave entre autorizar el tránsito de tropas extranjeras y permitir operaciones militares conjuntas. La Constitución asigna al Senado la facultad de autorizar ese tránsito y, durante el receso legislativo, esa competencia puede recaer en el presidente con concepto del Consejo de Estado

Sin embargo, esa autorización no equivale a habilitar acciones de combate dentro del territorio colombiano. En otras palabras, permitir el paso no significa permitir el uso de la fuerza

La lectura geopolítica

El investigador Juan Camilo Ubaque considera que el escenario responde a un rediseño de la seguridad hemisférica frente a amenazas híbridas en el Caribe y el Pacífico. En su análisis, el distanciamiento de varios gobiernos de la región respecto de Washington empujó un retorno a la doctrina de guerra contra el terrorismo

También sostiene que la clasificación de estructuras armadas como disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo bajo la categoría de redes de narcoterrorismo transnacional redujo los límites normativos para el uso del poder militar

Para Ubaque, Colombia se mantiene como un punto estratégico de despliegue y contención en el hemisferio, por su ubicación entre Suramérica, el istmo centroamericano, el Caribe, el Pacífico y la cuenca amazónica. A eso suma su condición de socio global de la Otan y aliado extra Otan de Washington

Al mismo tiempo, advierte que el país enfrenta una alta densidad de actores criminales, una de las mayores concentraciones de producción de cocaína y la presencia de grupos armados en distintas zonas del territorio

Cooperación sí, bajo reglas vigentes

Pese al debate, ambos expertos coinciden en que Colombia sí cuenta con mecanismos para avanzar en cooperación en inteligencia, contrainteligencia, intercambio de información criminal, entrenamiento y asistencia técnica, siempre dentro del marco legal existente

La discusión, por ahora, queda concentrada en la letra del documento firmado en Panamá y en si su contenido modifica o no el alcance de los compromisos del Estado colombiano en materia de defensa y seguridad