El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) puso en marcha una nueva regulación sobre la inadmisibilidad por “carga pública” para quienes solicitan la residencia permanente
La medida deja sin efecto las disposiciones adoptadas en 2022 y devuelve a los funcionarios migratorios un margen de análisis más amplio para revisar cada expediente de forma individual
Qué factores analizará el Uscis
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) podrá considerar el conjunto de las circunstancias del solicitante, sin las definiciones ni las limitaciones anteriores sobre los beneficios públicos que pueden ser examinados
La revisión deberá contemplar al menos cinco aspectos establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad: la edad, el estado de salud, la situación familiar, los bienes y recursos económicos, y la educación y las habilidades del candidato
Si el funcionario determina que la persona no puede sostenerse económicamente por sus propios medios, podrá clasificarla como “carga pública”. Esa conclusión puede derivar en una declaración de inadmisibilidad para el trámite migratorio
A quiénes alcanza la nueva regulación
La norma se aplica a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos y presentan una solicitud de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente. También comprende a ciertos solicitantes que buscan ser admitidos en el país desde un puerto de entrada
Quedan fuera del análisis las categorías que tienen exenciones establecidas por el Congreso. Entre ellas se encuentran los refugiados, las personas asiladas y las víctimas de trata que cuentan con una visa T
También están excluidas las víctimas de determinados delitos que pueden acceder al estatus U y quienes presentan peticiones al amparo de la Ley de Violencia contra la Mujer
Sin embargo, si una persona beneficiaria de alguna de esas categorías cambia después hacia un proceso de ajuste de estatus común, sus antecedentes económicos podrán ser revisados
Aplicación desde el 18 de septiembre
La regulación se aplicará de forma prospectiva a las solicitudes enviadas por correo o de manera electrónica después de su entrada en vigor, fijada para el 18 de septiembre
Los beneficios no monetarios recibidos antes de esa fecha bajo la normativa de 2022 no serán considerados en los nuevos análisis
El Uscis incorporará instrucciones en su manual de políticas para orientar a los funcionarios. Esas pautas explicarán el procedimiento, aunque no eliminarán la facultad discrecional de los agentes al emitir sus decisiones
La nueva reglamentación tampoco incluye un listado específico de exenciones, debido a que esas excepciones ya están previstas en las leyes vigentes. La información puede consultarse en las instrucciones del formulario I-485 y en el sitio web del organismo
La medida podría alcanzar a más de 580.000 solicitantes de ajuste de estatus por año. Las autoridades estiman además que algunas personas podrían dejar de inscribirse voluntariamente en programas de asistencia pública por temor a que sus beneficios sean revisados
El gobierno federal sostiene que la regulación busca reducir los desembolsos en asistencia pública y promover que los inmigrantes puedan cubrir sus necesidades con recursos propios o familiares