El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos propuso las reglas para poner en marcha el Crédito Fiscal para la Libertad Educativa, un programa que permitirá descontar hasta US$1700 en impuestos por aportes en efectivo a organizaciones que financian becas escolares

La medida comenzará a regir el 1° de enero de 2027. En el caso de los matrimonios que declaren sus ingresos de manera conjunta, el crédito podrá alcanzar los US$3400

Quiénes podrán acceder al beneficio

El programa se basa en el artículo 25F del Código Fiscal, incorporado mediante una ley aprobada en 2025. El crédito será no reembolsable y estará vinculado a donaciones realizadas a organizaciones otorgantes de becas, conocidas como SGO

Los contribuyentes podrán elegir una SGO habilitada sin que su lugar de residencia limite la organización a la que pueden aportar. En la etapa inicial, cada estado participante deberá adherir al programa e identificar a las entidades autorizadas

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que 30 estados ya decidieron participar y alentó a los restantes a incorporarse. El funcionario presentó la iniciativa como el primer programa nacional de elección de escuela de Estados Unidos

Qué gastos podrán cubrir las becas

Los fondos estarán destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Las becas podrán utilizarse para cubrir distintos gastos educativos, entre ellos

  • Aranceles de establecimientos privados.
  • Clases de apoyo y tutorías.
  • Servicios para alumnos con necesidades especiales.
  • Libros, materiales escolares, computadoras y otros equipos.
  • Otros costos vinculados con la inscripción o la asistencia escolar.

Según las estimaciones oficiales, los requisitos previstos permitirían que cerca del 96% de los niños de los estados participantes reúna las condiciones para recibir estas becas

Proyecciones y controles del programa

Las autoridades calculan que para 2030 podrían participar entre 600 y 700 organizaciones otorgantes de becas. También proyectan que más de 11 millones de contribuyentes realizarían aportes calificados por casi US$26.000 millones anuales, con capacidad para financiar hasta 2,2 millones de becas por año

La reglamentación propuesta incluye normas temporales para que los estados y las organizaciones preparen sus sistemas tecnológicos antes del lanzamiento. Además, contempla medidas contra el fraude, auditorías anuales, identificadores únicos para los donantes y la posibilidad de trasladar durante hasta cinco años los saldos de crédito que no hayan sido utilizados