Las universidades que compiten en la primera división del deporte colegial atraviesan una nueva presión presupuestaria: deben encontrar más dinero para retener atletas y, al mismo tiempo, afrontar gastos crecientes en viajes, entrenadores e infraestructura

En ese contexto, algunos estados comenzaron a destinar recursos públicos a programas deportivos universitarios. No se trata de pagos directos a los jugadores, sino de aportes que cubren deudas, instalaciones y costos administrativos, lo que libera fondos propios de las instituciones para otros fines vinculados con la competencia deportiva

Recursos públicos para aliviar gastos

En Carolina del Norte, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill recibirá por primera vez 3 millones de dólares provenientes de impuestos al juego deportivo, mientras que Carolina del Norte State también accederá a fondos similares bajo el nuevo presupuesto estatal. Wisconsin aprobó 15 millones de dólares para cubrir gastos atléticos, y Connecticut, Luisiana, Nueva Jersey y Florida adoptaron mecanismos parecidos para sostener a sus programas universitarios

Los cambios llegan después de una serie de decisiones legales que modificaron por completo el modelo económico del deporte universitario. Primero se abrió la puerta para que los atletas recibieran dinero de terceros por el uso de su nombre, imagen y semejanza

Luego, un acuerdo legal permitió que las universidades paguen directamente a los deportistas hasta unos 20,5 millones de dólares al año, cifra que subió a 21,3 millones para este ciclo lectivo y volverá a aumentar el próximo año

Una carrera que no se frena

Para muchas instituciones, especialmente las de nivel intermedio, ese techo resulta difícil de sostener. A la vez, los gastos operativos siguieron subiendo a un ritmo más rápido que los ingresos, con un aumento cercano a un tercio en los últimos cuatro años en las universidades públicas de la primera división, según un relevamiento académico sobre finanzas del deporte universitario

En el Senado estadounidense se analiza además una propuesta que podría ampliar todavía más el gasto permitido para retener jugadores. El proyecto elevaría el margen total de pagos a casi 50 millones de dólares por institución. Para especialistas en economía del deporte, si no aparecen límites más claros, el dinero público podría terminar financiando la siguiente etapa de una carrera de gastos cada vez más agresiva

El argumento político

Quienes impulsan estos aportes sostienen que un programa deportivo débil también afecta la imagen y la economía local. En Wisconsin, por ejemplo, un legislador defendió el uso de fondos estatales para cubrir deuda de instalaciones y permitir que la universidad destine sus propios recursos a competir mejor en el mercado de atletas

La tendencia, por ahora, es incipiente, pero creciente: cada estado que interviene eleva la presión sobre los demás para no quedar en desventaja frente a sus rivales. En el nuevo mapa del deporte universitario, el respaldo público dejó de ser una excepción difícil de imaginar