Personas deportadas por la administración de Donald Trump a países distintos de los suyos han permanecido detenidas durante meses en condiciones de hambre, sed y aislamiento. En Sudán del Sur, sus familias también tuvieron que enviar dinero para cubrir necesidades básicas

Familiares afirmaron que guardias solicitaron y recibieron miles de dólares con el argumento de mejorar la alimentación, el acceso al agua y otras condiciones de los detenidos. Sin embargo, sostienen que gran parte del dinero fue apropiada por los propios guardias

Ngoc Phan, ciudadana estadounidense, dijo que entregó aproximadamente 4.000 dólares para alimentos, agua y un teléfono celular. Su esposo, Tuan Phan, permaneció detenido casi un año antes de ser repatriado a Vietnam en junio

Según el relato de Phan, cada envío de varios cientos de dólares se traducía en pequeñas cantidades de comida, como bananas, manzanas y maní. Tuan Phan, de 44 años, aseguró que perdió unos nueve kilos durante su confinamiento en un edificio cerrado de tres plantas en Juba, la capital

El detenido describió períodos de varios días sin comida ni agua potable. Algunos hombres recogían agua de lluvia cuando se agotaban las reservas. También relató cortes de electricidad que duraban semanas, problemas de plomería y un deterioro creciente de las condiciones de vida

Los pagos efectuados en nombre de cuatro personas identificadas como guardias oscilaron entre 100 y 1.000 dólares, según recibos de transferencias. En un caso, un guardia exigió 1.000 dólares para comprar trajes, camisas y zapatos que, según dijo, un detenido necesitaba para regresar a su país

Familiares y abogados describieron otros episodios de maltrato. Un detenido habría sido golpeado después de pedir que abrieran una ventana, mientras que otro fue encerrado durante varios días tras reclamar la falta de jabón

Un acuerdo de deportación con pocos controles

La administración estadounidense ha deportado a miles de personas a más de 30 países que no son sus lugares de origen, según organizaciones defensoras. Algunas eran solicitantes de asilo protegidos por órdenes judiciales que impedían devolverlas a países donde podían enfrentar persecución o tortura

Los países receptores habrían negociado pagos, alivio de sanciones u otras concesiones. En el caso de Sudán del Sur, los detalles del acuerdo no están claros

En julio de 2025, después de una disputa legal que terminó con una decisión de la Corte Suprema, Phan y otras siete personas con condenas penales fueron deportadas a Sudán del Sur. Todos habían cumplido sus condenas en Estados Unidos antes de quedar bajo custodia migratoria

La administración Trump defiende la política como una forma de expulsar rápidamente a personas con órdenes finales de deportación cuyos países de origen se niegan a recibirlas. Una abogada que representa a uno de los detenidos en Juba afirmó que su cliente lleva más de un año privado de libertad sin haber sido acusado de un delito

Familias sin garantías de asistencia

Los familiares y abogados de quienes continúan detenidos temen que las condiciones no cambien sin presión estadounidense o internacional. Según un asistente del Congreso estadounidense, la embajada en Juba recibió instrucciones de no visitar a los detenidos ni dar seguimiento a su situación

El Departamento de Estado no aclaró si existieron esas instrucciones. La Organización Internacional para las Migraciones indicó que no puede intervenir sin una solicitud de Sudán del Sur

El Ministerio de Relaciones Exteriores sudsudanés sostuvo que los detenidos reciben comida, agua y atención médica adecuadas, y que pueden comunicarse regularmente con familiares y abogados. También afirmó que el gobierno cubre los costos asociados. En otra declaración, sostuvo que Estados Unidos renunció por completo a su responsabilidad y ya no tiene jurisdicción legal ni vínculos con esas personas