Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso este jueves por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en una audiencia privada y a distancia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México
Con esta resolución concluye la etapa inicial del proceso penal en su contra. El excontralmirante seguirá recluido en el penal del Altiplano, donde ya se encontraba bajo prisión preventiva oficiosa desde el sábado 22 de agosto
Una audiencia reservada desde el inicio
La diligencia se desarrolló sin acceso a medios de comunicación, por decisión de la jueza a petición de la Fiscalía General de la República. La defensa había pedido ampliar el plazo constitucional de 72 a 144 horas para preparar sus argumentos y revisar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal
Antes de la resolución, el abogado Epigmenio Mendieta aseguró que la defensa presentó peritos y testigos, y sostuvo que no existen elementos que relacionen a Farías Laguna con las aduanas mencionadas en la investigación
La postura de la defensa y la familia
El despacho Mendieta y Asociados rechazó que la audiencia se celebrara a puerta cerrada y afirmó que la publicidad debe ser la regla en este tipo de procesos. También Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, pidió que la sesión fuera abierta y dijo temer por la salud de su marido, quien tiene problemas cardiacos
La esposa del imputado también afirmó haber recibido amenazas y dijo que le advirtieron que podrían abrirle una carpeta de investigación si daba entrevistas
La red que investiga la Fiscalía
La FGR atribuye a Farías Laguna pertenencia a la presunta red conocida como Los Primos, junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Según la investigación, la estructura operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México
El mecanismo consistía en introducir buques tanque a puertos como Tampico y Ensenada con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos para evadir impuestos. Después, agentes aduanales habrían simulado revisiones, alterado pedimentos y modificado volúmenes y muestras del producto
Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo movían y distribuían hacia estaciones de servicio, mientras también habrían sido usadas para lavar el dinero obtenido de forma ilícita
Operativos, detenciones y daños
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada documentó el esquema desde 2024. Entre 2024 y 2025, la organización habría permitido el ingreso de al menos 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico
El primer golpe contra la red ocurrió en marzo de 2025 con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, que transportaba cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Después se detectó un caso similar en Ensenada, Baja California
La afectación económica estimada por la FGR, solo por los combustibles recuperados en esos primeros operativos, supera los 340 millones de pesos. Además, fueron aseguradas 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles
Con la llegada de Farías Laguna a México el 21 de agosto, el total de personas detenidas vinculadas al caso ascendió a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos
De Argentina al Altiplano
Farías Laguna fue trasladado a México en un avión de la Armada tras haber sido detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026. Su salida de Argentina se concretó mediante deportación, luego de que México desistió del juicio de extradición
El excontralmirante había ingresado a ese país con una identidad falsa y un pasaporte guatemalteco apócrifo. Antes de su traslado, agentes del FBI y de la DEA se reunieron con él en el penal de Ezeiza para intentar que aceptara la entrega voluntaria, de acuerdo con lo revelado por su abogado en Argentina
Los delitos que enfrenta
Además de delincuencia organizada, Farías Laguna enfrenta señalamientos por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas previstas para estos delitos van de 20 a 40 años de prisión