Florida puso en marcha una ley que busca acelerar reparaciones y mejoras en viviendas unifamiliares al recortar parte del papeleo que hoy exigen los municipios

Obras menores, menos trámites

La HB 803 libera del permiso de construcción a determinados trabajos de mejora cuyo valor total sea inferior a US$7.500. La exención alcanza a propietarios y contratistas, pero no es automática: debe pedirse formalmente ante la oficina local correspondiente, con una copia del contrato u otra documentación que acredite el alcance y el monto de la obra

La medida no aplica si la propiedad está en una zona de riesgo de inundación. Tampoco rige para tareas que involucren sistemas eléctricos, de plomería, estructurales, mecánicos o de gas

Además, la norma prohíbe fraccionar un mismo trabajo en varios proyectos pequeños para evitar superar el límite establecido

Nuevas reglas para permisos y vecinos

La ley incorpora otros cambios para el proceso de aprobación de obras. Los municipios deberán eximir de permisos la instalación de barreras temporales no estructurales contra inundaciones y huracanes

También fija que, en trabajos de menos de US$15.000, las oficinas locales deben resolver las solicitudes de permisos en un plazo de cinco días hábiles

En paralelo, impide que las juntas residenciales exijan un permiso estatal o municipal como condición para evaluar mejoras estéticas en una vivienda

La norma además ordena que los reglamentos de zonificación reconozcan a las casas de construcción externa los mismos derechos que a las viviendas tradicionales

Otro punto central es que los propietarios podrán contratar inspectores privados para acelerar revisiones, lo que obliga a las oficinas locales a ajustar a la baja las tarifas de permisos

Desde cuándo rige

La HB 803 entró en vigor el 1 de julio de 2026, tras la firma del gobernador Ron DeSantis. Desde entonces, el nuevo marco busca facilitar reformas de bajo costo y reducir demoras administrativas en el estado

La legislación también prevé contratos estatales con proveedores de inspección y mecanismos especiales para sumar inspectores calificados después de una emergencia. A su vez, establece que los gobiernos locales no tendrán responsabilidad civil por los trabajos realizados bajo estas exenciones