La administración de Ron DeSantis acumula casi un mes de atraso en la entrega de un informe que la Legislatura de Florida le ordenó presentar sobre el uso del Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias
El documento debía detallar el saldo proyectado al cierre del año, el flujo de caja actualizado, los reembolsos federales pendientes y recibidos, el inventario, los activos adquiridos y las facturas aún impagas. Sin embargo, la División de Manejo de Emergencias de Florida no presentó la información en la fecha prevista ni informó cuándo estará disponible
Un control más estricto sobre el fondo
La obligación surgió de la ley SB 7040, aprobada por la Legislatura y firmada por DeSantis el 29 de junio. La norma reforzó los controles sobre el fondo después de que una parte importante de sus recursos fuera destinada a operaciones vinculadas con la aplicación de las leyes de inmigración
El senador Nick DiCeglie, republicano de San Petersburgo e impulsor de la legislación, dijo que estaba consultando con la agencia por la demora y que esperaba el cumplimiento de los requisitos fijados por la Legislatura
Más gasto en inmigración que en desastres
Según los registros disponibles, entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de este año se usaron entre US$564 millones y US$566 millones del fondo para políticas migratorias. Eso representa cerca del 63% de los US$890 millones administrados por la agencia en ese período
Ese gasto superó el destinado en conjunto a otras emergencias, como huracanes, tormentas, inundaciones y rescates. Desde 2023, el desembolso acumulado para estas actividades rondó los US$573 millones, con cerca del 98% concentrado en el último año fiscal
Entre las operaciones financiadas figuran los centros de detención conocidos como Alligator Alcatraz y Deportation Depot. También aparecen gastos por unos US$479 mil en vuelos en aviones privados para trasladar personal hacia y desde instalaciones de detención, además de más de US$156 mil en comidas en restaurantes y bares
Fondos escasos y deudas elevadas
La situación financiera del fondo también genera preocupación. La cuenta tiene hoy menos de US$7 millones, mientras que el estado mantiene obligaciones superiores a US$502 millones con empresas contratadas para construir y operar instalaciones relacionadas con las operaciones migratorias
El valor total de los contratos vinculados con esas actividades se estima en aproximadamente US$1010 millones. Entre los desembolsos registrados figura además una partida de US$92 millones destinada a una empresa de servicios de baños portátiles
La incertidumbre alcanza también a los reintegros federales. Florida había proyectado recibir US$608.4 millones por estos gastos, pero hasta ahora ingresaron US$84.6 millones
En lugar del informe exigido, la agencia entregó cinco hojas de cálculo. Los cuestionamientos plantean que esos documentos no reemplazan el reporte formal previsto para el seguimiento trimestral y que no contienen toda la información requerida
Desde la entrada en vigor de la SB 7040, el 29 de junio de 2026, el dinero del fondo ya no puede usarse para comprar aeronaves, barcos ni vehículos motorizados, aunque sí puede arrendarse por corto plazo para responder a una emergencia. El primer informe debía presentarse el 15 de julio de 2026, y luego deberán entregarse nuevas actualizaciones cada trimestre, a más tardar el día 15 del mes siguiente