El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para obtener facultades legislativas por 120 días calendario. La propuesta busca habilitar decretos en materias de seguridad ciudadana, modernización del Estado, formalización y desarrollo productivo

Dentro de ese paquete, el punto que más atención concentra es el laboral. El texto plantea cambios en beneficios y reglas de cese con el argumento de dar a las empresas más margen para adaptarse a la situación económica y técnica

Flexibilidad en el trabajo

El proyecto propone unificar la normativa laboral bajo un régimen progresivo orientado a emprendedores, microempresas y pequeñas empresas. También incluye disposiciones sobre aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones, tanto AFP como ONP

Además, contempla revisar la CTS, las gratificaciones, las vacaciones, la participación en utilidades, la jornada diaria y las horas extra. Según el documento, estos beneficios podrían ser objeto de acuerdos directos entre empleadores y trabajadores, de forma individual o mediante negociación colectiva

Otro punto sensible es el régimen de extinción de contratos por causas objetivas. La iniciativa busca reforzarlo al considerar que la normativa vigente dificulta la reacción de las empresas frente a crisis. También plantea reducir feriados no laborables y regular bonos por desempeño sin carácter remunerativo

Cambios tributarios y administrativos

En materia fiscal, la propuesta incluye ajustes al régimen tributario para impulsar la recaudación y la formalización. Entre ellos figura la creación de un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes

En el sistema financiero, el Ejecutivo pide derogar la ley que fija topes a las tasas de interés y permitir que menores desde los 12 años puedan abrir cuentas de ahorro de manera independiente

Para dinamizar la inversión, el texto plantea eliminar barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno y fortalecer las facultades fiscalizadoras del Indecopi. En el plano ambiental, también propone acortar plazos para aprobar instrumentos ambientales mediante silencio administrativo positivo y presunción de veracidad

Seguridad y reorganización del Estado

La iniciativa también contempla cambios en materia penal y la eventual intervención temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad y apoyo operativo de penales

Asimismo, abre la posibilidad de participación privada y de asociaciones público-privadas en la administración, construcción y gestión de infraestructura del sistema especializado de internamiento

En modernización estatal, el Ejecutivo tendría facultades para fusionar, reestructurar o disolver organismos públicos. También se prevén incentivos económicos voluntarios para la salida de servidores, con la precisión de que no se autoriza el cese de trabajadores con estabilidad laboral

La justificación oficial

La exposición de motivos sostiene que la informalidad laboral llega al 70,2% y que los costos laborales no salariales equivalen al 72% del salario formal promedio, por encima del 51% regional estimado por el BID

El documento añade que esa carga desincentiva la contratación y menciona conceptos como indemnizaciones por despido, gratificaciones, CTS y el aporte del 9% a EsSalud

También afirma que la rigidez frente al despido arbitrario ha llevado a que 70% de los asalariados formales privados tenga contratos temporales. En esa misma línea, plantea reducir feriados con el argumento de que cada día obligatorio sin labor reduce el crecimiento anual del PBI en 0,08 puntos porcentuales

La propuesta incorpora además una mirada sobre el empleo juvenil. Señala que la tasa de desempleo en ese grupo llega al 9,6% y que los jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados NINI, representan el 17,4% de ese segmento, con un aumento de 193.000 personas entre 2019 y 2023

Sin cambios en feriados, por ahora

En paralelo, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, aclaró que el Gobierno no aumentará ni reducirá los 16 feriados nacionales vigentes

Explicó que la polémica surgió por la difusión de un borrador preliminar de la solicitud de facultades legislativas y negó que exista una decisión oficial sobre ese tema

Según señaló, cualquier revisión futura deberá sustentarse en evidencia y analizar tanto la productividad laboral como el impacto en el turismo, además de abrir espacio al diálogo con los sectores involucrados