El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante la Justicia un documento de 56 páginas para defender el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, destinado a combatir los cultivos de uso ilícito

La respuesta reúne argumentos jurídicos, estudios técnicos, registros sanitarios y mapas de las zonas que podrían ser intervenidas. El documento fue elaborado por la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

El piloto sigue suspendido y aún no tiene fecha de inicio

El 11 de septiembre de 2026, el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís ordenó suspender provisionalmente el plan autorizado mediante la Resolución 007 de 2026. El despacho señaló que no existía información suficiente para anticipar los efectos del herbicida sobre el ambiente y las comunidades

El Ejecutivo sostiene que el piloto todavía no ha comenzado y que tampoco tiene una fecha definida de ejecución. Según su argumento, la operación depende de requisitos, controles y pronunciamientos previos de las autoridades competentes

Las entidades consideran que no se ha demostrado un perjuicio urgente ni un daño desproporcionado que justifique mantener la medida cautelar. También aseguran que el mecanismo fue diseñado con etapas de evaluación, prevención, mitigación, seguimiento y control

Para el Gobierno, suspender el piloto antes de su inicio impediría recopilar información adicional sobre el uso del producto en condiciones limitadas y monitoreadas

La intervención se limitaría a 5.401 hectáreas

La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional delimitó las áreas que podrían ser objeto de aspersión. Aunque Putumayo concentra hasta 40.565 hectáreas de hoja de coca, solo 5.401 hectáreas serían aptas para el plan, según la respuesta judicial

La cartografía excluye resguardos indígenas, consejos comunitarios, Parques Nacionales Naturales, áreas con pretensiones étnicas, zonas sometidas a decisiones judiciales y sectores restringidos por el Plan de Manejo Ambiental

Para definir esos límites, la Policía solicitó información sobre los programas de sustitución y desarrollo alternativo Pnis y RenHacemos. También requirió datos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y de la Agencia Nacional de Tierras

El Gobierno afirma que la Resolución 007 de 2026 contempla salvaguardas para territorios colectivos, asentamientos, zonas campesinas, áreas de tránsito tradicional y sitios sagrados de pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom

El Ejecutivo invoca registros y autorizaciones previas

Otro de los argumentos oficiales se relaciona con los antecedentes regulatorios del glufosinato de amonio. El producto cuenta con un registro nacional del ICA desde el 1 de octubre de 2015, con vigencia indefinida y actualización en julio de 2026

Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó su uso mediante las resoluciones 0766 de 2015 y 0855 de 2016 para el control de plagas en cultivos de arroz, mediante aplicaciones terrestres

Quienes cuestionan el plan piden pruebas científicas independientes y rigurosas sobre sus posibles efectos en la salud humana, las fuentes hídricas, los cultivos lícitos, la biodiversidad y los polinizadores

La estrategia contempla información pública antes de operar

Entre las condiciones del piloto figura la divulgación de sus características. La Dirección Antinarcóticos tendría que publicar durante cinco días, en su sitio web, el alcance de la operación, sus condiciones generales y la información relacionada con el glufosinato

Las entidades nacionales también sostuvieron reuniones con la Gobernación de Putumayo y las alcaldías de Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle del Guamuez

El Gobierno advirtió que las restricciones judiciales podrían incentivar el traslado de cultivos ilícitos hacia zonas percibidas como excluidas de ciertas intervenciones estatales

La decisión sobre la suspensión provisional corresponde ahora al Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís, que deberá evaluar los argumentos y documentos presentados por las entidades oficiales