El abogado penalista Gustavo Moreno Rivera asumió la defensa de Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, Bolívar, dentro de las actuaciones asociadas al caso Sierra Nevada, una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías

La representación fue confirmada mediante un comunicado en el que la firma del jurista señaló que el trabajo se desarrollará con criterio técnico, de forma independiente y en los escenarios judiciales que correspondan

Una defensa centrada en el expediente

Moreno indicó que su equipo analizará de manera completa los elementos que integran la investigación y hará uso de los mecanismos que la ley reconoce para la defensa

“La existencia de una investigación o actuación judicial no equivale a una declaración de responsabilidad”, sostuvo el abogado al referirse a las garantías que deben regir el proceso

El pronunciamiento se da en medio de las pesquisas que adelanta la Fiscalía contra funcionarios y particulares señalados por su posible participación en el presunto entramado relacionado con el Fondo Mixto Sierra Nevada

Presunción de inocencia y debido proceso

La firma afirmó que la defensa se concentrará en revisar los hechos, las pruebas y las actuaciones procesales dentro del expediente

También señaló que actuará con respeto por las autoridades judiciales y por la administración de justicia

En su comunicado, Moreno insistió en que la presunción de inocencia, el debido proceso, la contradicción probatoria y el derecho de defensa deben respetarse en todas las etapas del proceso

La defensa añadió que la información pública sobre casos en curso debe distinguir entre hechos probados, hipótesis de investigación y responsabilidades ya definidas por la justicia

Según lo expresado, la comunicación pública de la defensa se limitará a lo necesario para evitar que un proceso judicial termine convirtiéndose, de forma anticipada, en una condena pública

El caso seguirá su curso con las diligencias previstas ante los jueces de control de garantías, mientras la Fiscalía mantiene la investigación sobre los presuntos responsables