España concedió la nacionalidad en 2025 a 299.732 personas, la mayor cifra desde que se empezaron a registrar estos datos en 2013. El dato supuso un aumento del 18,7% respecto del año anterior y volvió a colocar a América Latina en el centro del mapa migratorio español
De los 10 principales países de origen de esas nuevas ciudadanías, nueve fueron latinoamericanos. Ese patrón está ligado al marco legal que beneficia a los ciudadanos iberoamericanos, que pueden solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal, muy por debajo de los 10 años exigidos con carácter general
Honduras y Nicaragua, entre los mayores avances
Honduras ocupó el cuarto lugar entre los países con más naturalizaciones en 2025, con 20.745 nuevos ciudadanos españoles. Nicaragua quedó en el décimo puesto, con 8.951
Ambos casos se explican también por el crecimiento de sus comunidades en España y por el uso de otras vías de regularización previas a la nacionalidad, como el arraigo
Más población extranjera y más personas de origen inmigrante
A 1 de enero de 2024, España tenía 48.619.695 habitantes, de los cuales 6.502.282 eran de nacionalidad extranjera, equivalente al 13,4% de la población. Una década antes, esa proporción rondaba el 10%
Además, un informe basado en el censo del INE estimó que, a comienzos de 2024, las personas de origen inmigrante sumaban 9.341.782, el 19,21% de la población residente. Dentro de ese conjunto, América Latina concentró los mayores aumentos
En 2023, los incrementos más altos correspondieron a Colombia, con 124.566 personas más; Perú, con 47.598; y Venezuela, con 47.095
El arraigo como escalón previo
Antes de llegar a la nacionalidad, muchos migrantes pasan por el arraigo, una autorización excepcional que permite regularizar a quienes han permanecido en España sin permiso y pueden acreditar vínculos familiares, integración social o formación
Desde la reforma de julio de 2022, que flexibilizó requisitos y creó el arraigo por formación, el número de personas acogidas a esta figura se multiplicó por más de siete. A 31 de marzo de 2025 había 328.841 personas con arraigo en vigor; en marzo de 2026 la cifra subió a 423.606
Según un informe sindical sobre arraigo, el 76% de quienes accedieron a esta vía no tenía ninguna autorización previa de residencia o estancia. Entre las personas beneficiarias, las mujeres son mayoría: representan el 51% del total. En los colectivos hondureño y nicaragüense, esa proporción sube al 67% y al 66%, respectivamente
Una migración femenina y creciente
En el caso hondureño, un estudio académico reconstruyó una presencia marcadamente femenina en España: las mujeres representaron el 70% del colectivo entre 2010 y 2021. La evolución fue muy rápida, desde 613 mujeres hondureñas registradas en 1998 hasta 92.262 en 2022
El mismo trabajo calculó que alrededor del 50,1% de las hondureñas se encuentra en situación regular, mientras que el 49,9% permanece en irregularidad, con mayor exposición a la explotación laboral y a la inestabilidad
La comunidad nicaragüense siguió una trayectoria parecida. Pasó de 31.286 personas regularizadas en 2018 a 61.563 en 2021, con subidas visibles en ciudades como Zaragoza, donde la población nicaragüense creció de 5.470 a casi 10.000 personas en ese periodo
En 2022 se produjo un descenso de casi 1.000 personas, hasta 60.681 regularizadas, pero la tendencia volvió a cambiar después. En 2025 se contabilizaban 72.492 personas con nacionalidad nicaragüense en situación regular en España, a las que se suman más de 20.000 que ya habían obtenido la ciudadanía española, según estimaciones basadas en datos del INE
La regularización de 2026 refuerza la tendencia
Entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026, el Gobierno español abrió un proceso extraordinario de regularización que recibió 1.174.978 solicitudes. Al cierre del plazo, 609.737 ya habían sido tramitadas
El 79,6% correspondió a arraigo extraordinario y el 20,4% restante a solicitantes de protección internacional. El volumen de estas vías legales confirma el peso creciente de los mecanismos que facilitan el acceso a la residencia y, más adelante, a la ciudadanía